*TPP contra sindicatos blancos

La exigencia obligaría a México a firmar un documento soslayado por décadas: El Convenio de Sindicalización y Negociación Colectiva planteado por la Organización Internacional del Trabajo… el 8 de junio de 1949.

En el argot internacional se le conoce como Convenio 98.

Una de cal frente a las 100 de arena.

La exigencia pactada en la negociación se presenta en un escenario en que al menos uno de los 12 países en concierto, Vietnam, sustenta su potencial maquilador con salarios de hambre, ante la ausencia de sindicatos.

El país asiático le paga a sus trabajadores 150 dólares al mes, exigiéndoles jornadas de 10 a 14 horas diarias… los siete días de la semana.

En su artículo primero el documento planteado en Ginebra señala que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a coartar la libertad sindical en relación con su empleo.

La protección detalla dos causales: Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o dejar de ser miembro de alguno, o despedir a un trabajadores o perjudicarlo en cualquier otra forma, a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante el horario laboral.

En nuestro país el escenario ha dejado muertes. Durante décadas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha reprimido a sangre y fuego la posibilidad de tienda de enfrente por trabajadores disidentes.

En la ruta, existen decenas de sindicatos sin sustento que firman “contratos de protección” a las empresas, cuyas cláusulas blancas las desconocen los trabajadores.

(“Se consideran actos de injerencia, señala el artículo dos, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por empleadores o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo control de empleadores”)

El documento de 16 artículos lo ha bateado por años el gobierno, por más que a principios de la década de los 50 avaló el Convenio 87 sobre libertad sindical.

Firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en julio de 1994, la llegada de un presidente demócrata a la Casa Blanca obligó a incluir, en calidad de acuerdos paralelos, complementarios o suplementarios, dos capítulos ajenos a la negociación: Laboral y medio ambiente.

La exigencia de Bill Clinton apuntaba, justo, a que se garantizara el ejercicio de los sindicatos y el respeto a las leyes laborales en el país.

El fantasma está de regreso.

Reacio durante 60 años, el país está exigiendo a firmar lo que implicaría la puntilla para el viejo sindicalismo que le prometía 20 millones de votos al PRI cada sexenio.

Justicia laboral.

Balance general. Colocada a fuego cruzado ante la posibilidad de perder capacidad de negociación con sus sindicatos por su apoyo al Convenio Bilateral Aéreo con Estados Unidos, Aeroméxico está colocando un condicionante a la aprobación del documento por parte del Senado: la aprobación de salvaguardas.

Una de ellas es que se le permita asociarse con líneas aéreas de Estados Unidos, lo que implicaría modificar la Ley de Inversiones Extranjeras que limita la participación de capital extranjero a 25%.

La principal línea aérea del país quiere intercambiar acciones con la estadounidense Delta Airlines.

La propuesta original hablaba de otorgarles a una y otra inmunidad antimonopolio, es decir no castigar su posibilidad de colusión vía horarios escalonados y tarifas similares.

La alternativa se perfilaba a ser bateada por la Comisión Federal de Competencia.

Los tres sindicatos de la industria, pilotos, personal de vuelo y trabajadores de tierra, han integrado un frente común contra lo que considera la firma del acta de defunción de las empresas nacionales.

Volaris e Interjet se han opuesto a las propuestas de Aeroméxico, en un escenario que amenaza con resquebrajar a la Cámara Nacional del Aerotransporte.

Dedo en el renglón. Firme el dedo en el renglón, los organismos empresariales le entregaron ayer al Congreso su pliego petitorio en la exigencia de reversa a la reforma fiscal. La exposición de motivos habla de combatir cuellos de botella en materia de inversión y desarrollo del mercado interno. Concretamente, se plantea aumentar de 50 a 100 millones de pesos la posibilidad de deducción inmediata de inversiones, lo que alcanzaría a las medianas empresas.

Adicionalmente se plantea elevar de 53 a 100 por ciento la deducción en materia de prestaciones laborales extraordinarias, por ejemplo las ayudas de despensa, renta, transporte, educación…

El tercer punto habla de racionalizar el Impuesto Especial de Productos y Servicios que se aplica a bebidas y alimentos con alto valor calórico, disminuyéndolo a medida de que se reduzca paralelamente éste.

OHL baraja…. Aunque ha recibido varias ofertas de compra por su hotel en Mayakibi, uno de los puntos de la Riviera Maya, la constructora OHL no ha decidido aún si lo vende.

El centro turístico, como usted sabe, se colocó en el centro del remolino tras la difusión de grabaciones ilegales en que lo ubicaban como carta de apoyo para otorgarle favores a la empresa por parte de funcionarios públicos.

El activo lo administra OHL Desarrollos.

Corre reloj. De acuerdo con la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en que se condicionó la operación de compra de 160 tiendas de la Comercial Mexicana por parte de la cadena Soriana, la semana próxima vence el plazo de 10 días para que las firmas formalicen su aceptación a las restricciones.

Estas, como usted sabe, apuntan a que se evite la excesiva concentración en determinadas zonas del país, principalmente el centro.

Una de dos: Soriana compra menos tiendas, o la Comercial Mexicana se queda con más, aunque también existe la posibilidad de cerrar la operación como fue pactada, con el compromiso de vender en el corto plazo los pisos de venta de la discordia.

albertobarrancochavarria0@gmail.com