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Pemex-SK: ni tú ni yo

Al cinco para las 12 de que la Suprema Corte de Justicia le diera la puntilla al negarle un amparo contra la resolución de un juez en aval de una sentencia del Tribunal Internacional de Arbitraje que le obligaba a indemnizar al consorcio Conproca, Petróleos Mexicanos logró un acuerdo de aparente perfil salomónico.
22/07/2015
01:53
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En lugar de cubrir los 688 millones de dólares que representaba el reclamo más los intereses acumulados, le pagará a las empresas SK Engineering & Construction y Siemens 296 millones.

Menos de la mitad, pues, por más que la parte de la firma alemana ingresará a un fideicomiso para uso de la empresa productiva del Estado para apuntalar tareas de saneamiento.

Retirado el reclamo de Siemens, los recursos se utilizarán para combate a la corrupción, protección del medio ambiente, desarrollo social, promoción de transparencia y demás similares y conexos.

En la recta final del caso, a contrapelo de la división de poderes, Pemex había logrado que la Corte aplazara la discusión del asunto, en la espera de otra en puerta de la Corte de Nueva York en conexión con el caso.

Como se recordará, Pemex había planteado una querella contra las firmas que realizaron obras de reconfiguración y modernización de la refinería “Héctor Lara Sosa” ubicada en Cadereyta, Nuevo León, acusándolas de haber sobornado a sus funcionarios para avalar gastos inexistentes o ajenos a las obras, o de plano firmar el finiquito de éstas cuando estaban inconclusas.

El problema es que en una primera instancia el tribunal de Estados Unidos le negó dar cauce a la denuncia.

La posibilidad, pues, de que se le diera un giro al proceso para validar la sentencia del organismo dependiente de la Cámara Internacional de Comercio era incierta.

Se diría que Pemex no quiso o no pudo estirar más la liga, cuyo costo se medía en dólares.

El asunto había llegado a un extremo peligroso, dada la posibilidad de colocar en tela de duda la probidad del organismo internacional, cuya vela en el entierro está en la mayoría de los contratos entre empresas nacionales y extranjeras, obligando a las partes a aceptar el arbitraje como instancia extrajudicial.

Sin embargo, queda el precedente.

Si no fue corrupción fue torpeza de los funcionarios de Pemex el avalar obras que no habían sido concluidas a cabalidad, que emplearon materiales de segunda traídos de Corea, que reclutaron un ejército de 400 jóvenes a quienes se canjeó por trabajo la exigencia de servicio militar de dos años, habilitándolos como soldadores.

Inaugurada al cuarto para las 12 del final del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en noviembre del 2000, la “nueva refinería” no tenía la posibilidad de tener abasto de petróleo. Para la prueba piloto de refinación debió traerse éste del puerto de Dos Bocas, Tabasco.

El oleoducto que alimentaría las plantas estaba inconcluso… como la mitad de éstas, incluida una deshidratadora y una desulfatizadora.

El punto nodal del fiasco lo había provocado una oferta inaudita de mil 600 millones de dólares para la realización de las obras, la mitad, casi, de lo que pedían empresas mexicanas como ICA.

Lo barato salió caro.

La juez que validó el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje al empatarlo con las leyes mexicanas fue Edith Alarcón, la misma que decretó la quiebra de Mexicana de Aviación. La Corte, pues, ya no tendrá que rechazar el amparo solicitado por Pemex, ni la Corte de Nueva York rechazar la querella por sobornos.

Ganó la corrupción. Perdió otra vez el país.

Balance general. En el estreno de la actualización de la Secretaría de Economía de las reglas para el combate contra prácticas desleales de comercio para empatarlas con las de los países desarrollados, tres firmas acereras establecidas en el país se están sumando a un procedimiento que involucra perfiles de acero estructural o tubería cuadrada exportada por China y Corea.

La investigación había sido solicitada en principio por las firmas DeAcero y Tubos de Acero de México.

Con el nuevo escenario se abre la posibilidad de que se suban al carro otras empresas que se consideran también agraviadas, lo que hicieron Forza Steel, Pytco y Procarsa.

La intención es forzar a que se impongan cuotas compensatorias preliminares mientras se desahoga el procedimiento.

La promesa es que éste será más expedito.

Oceanografía limpia. En acatamiento de una resolución del juez del concurso mercantil de Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, la Secretaría de la Función Publica le levantó la sanción que condenaba a la firma a no recibir contratos públicos durante dos años.

La paradoja es que habían transcurrido ya 18 meses, es decir, el indulto es de solo seis.

Y la paradoja, además, es que la probabilidad de volver a recibir contratos de Petróleos Mexicanos para la compañía se abre justo… ¡cuando la ex paraestatal no los está otorgando!

Como recordará usted, el castigo lo provocó una falta menor: el que la empresa de Amado Yáñez no hubiera colocado en la mesa las fianzas requeridas tras haber recibido dos contratos, por más que alegaba que en tal caso estaban incompletas.

El hecho fue el ariete para la destrucción de la empresa a quien Banamex acusó de haberle defraudado con facturas falsas en aval de préstamos de factoraje.

En la carambola, Oceanografía no ha podido concluir contratos pendientes con Pemex.

Se caen los “estímulos”. Pactada entre la Secretaría de Hacienda y la cúpula empresarial la posibilidad de atenuar los estragos de la reforma impositiva vía lo que se califica de “estímulos fiscales”, entre ellos el abrir algunas opciones de deducción en materia de inversiones, hete aquí que el gozo se está yendo al pozo.

La dependencia encabezada por Luis Videgaray está planteando la reversa, argumentando el fracaso de la Ronda Uno, es decir, la entrega de contratos para explorar y explotar petróleo en aguas someras del Golfo de México.

Los recursos que fluirán por las concesiones apenas llegaron al 14% de lo previsto, con la novedad de que las cuentas alegres habían presupuestado ingresos de al menos la mitad.

Carambola, pues, de dos bandas.

Denuncian a Medina. Con la firma de 21 mil habitantes de Nuevo León bajo el paraguas del Consejo Nacional Ciudadano, se acaba de presentar ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el gobernador de la entidad, Rodrigo Medina, bajo cargos de lavado de dinero y asociación delictiva, entre otros.

La querella apunta también al padre del funcionario, Humberto Medina Ainslie; su hermano, Alejandro Medina de la Cruz, y su esposa, Gretta Salinas.

El texto habla de la acumulación por parte de estos de 20 propiedades en Estados Unidos, concretamente Texas, con una inversión estimada entre 15 y 20 millones de dólares.

En la lista se incluye también la adquisición de 500 hectáreas ejidales en Nuevo León y una casa en el fraccionamiento Las Misiones valuada en 13 millones de pesos.

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Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la prensa los difíciles problemas financieros del país y del...
 

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