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La molestia apunta a que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro no les consultó las propuestas integradas en el Informe Trimestral del organismo de cara al Poder Legislativo.
El abanico, cuyo ejercicio implicaría reformas de ley, plantea, por ejemplo, aumentar el porcentaje de aportación obligatoria al fondo para el retiro de los trabajadores de 6.5 del salario-base de cotización a 11.3.
El movimiento implicaría homologar el monto que aportan patrones y trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social con el de los servidores públicos afiliados a su vez al ISSSTE.
Naturalmente, el resquemor de industriales, comerciantes y prestadores de servicios es que la mayor parte del incremento recaiga en la aportación patronal.
En paralelo, se plantea la adopción de un sistema de pensión universal, en cuyo marco se pueda proteger a las personas más vulnerables de edad avanzada, generando, sin embargo, los incentivos necesarios para que sigan cotizando en los sistemas de seguridad social, frente a lo cual, a juicio de los patrones, no está integrada aún la infraestructura necesaria.
Desde otro ángulo, se critica el que la Consar plantee como medida adicional a las reformas el que se estimule el ahorro de los trabajadores sin exigencia al calce de vías concretas para su exención fiscal.
El primer paso para incrementar las aportaciones se dio con la aparición en escena de la posibilidad de realizar depósitos por goteo vía las tiendas de conveniencia, es decir, sin mayor trámite que llegar a la caja registradora.
Sin embargo, el experimento no ha dado mayores frutos ante la ausencia de incentivos reales.
Las medidas planteadas por el órgano de supervisión y vigilancia del sistema de ahorro para el retiro se apuntalan en un escenario en que las personas mayores de 65 años pasarán de 2010 a 2050 de 9% a 25% de la población actual.
En paralelo, la esperanza de vida crecerá de 74.3 a 79.4 años. El ahorro, pues, será insuficiente para garantizar la pensión mínima prevista por la ley.
Y aunque ante la eventualidad se plantea extender la edad mínima de 60 años para obtener una pensión por cesantía y adicionalmente flexibilizar el régimen de inversión de los recursos acumulados, ampliando, por ejemplo, los límites de apuestas en valores extranjeros y en renta variable, la alternativa podría constituirse en una arma de dos filos.
Desde el primer ángulo se condenaría a desempleados a una edad imposible de colocación en el mercado formal a ejercer la mendicidad o cobijarse en la economía subterránea.
En el otro, aunque la posibilidad produce mejor rentabilidad, el riesgo es proporcional. El viernes le comentábamos en este espacio el penoso caso de Axis Capital Management, quien a través de un Certificado de Capital de Desarrollo, conocido como CKD, recaudó fondos para invertir en plataformas marinas… que no operan aún.
Parte de los recursos se aportaron con ahorros de los trabajadores vía las afores.
El callejón, pues, se está estrechando a 18 años de abierto el sistema privado de pensiones.
No alcanzan los recursos, pero tampoco se alcanzan los consensos.
Balance general. Abierta en abril pasado una Mesa de Combate a la Ilegalidad con el concurso de la Secretaría de Hacienda y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, en el escenario de las medidas de protección contra prácticas desleales de comercio la lupa ha alcanzado no solo a agentes aduanales sino a jueces de distrito y magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación.
Tres de los primeros y cinco de los segundos han sido auditados por el Servicio de Administración Tributaria, en la presunción de ingresos ilegales por favores a contrabandistas o falsificadores de certificados de origen.
En la ruta se colocó la lupa en 11 agentes aduanales, 16 importadores en lo general, además de 27 relacionados con el ingreso de mercancías subvaluadas.
De 39 juicios de amparo enfrentados por el SAT, 30 los ha logrado ganar, contabilizando 14 con sentencia definitiva.
En la cruzada participa el Consejo de la Judicatura Federal para detectar amparos que impiden confiscación de mercancías, además en lo particular de la Auditoría Fiscal Federal.
La campaña se inició con una serie de medidas para impedir goles a los sectores textil, vestido y calzado.
Otro gol a OHL. Mal y de malas, ya le cayó otro gol a la constructora OHL en el marco de la filtración ilegal de comprometedoras llamadas telefónicas internas.
Hete aquí ante la caída de la cotización de sus acciones, cuyo monto alcanza ya un tercio de su valor previo al escándalo, la matriz de la firma en España debió incrementar el número de éstas que había colocado en garantía para un préstamo de 5 mil 208 millones de pesos.
Si al momento de éste el porcentaje en prenda era de 24.25 del papel de la filial en el país en manos de OHL Madrid, la exigencia creció a 35.53.
En total, la garantía se coloca ahora en 580.7 millones de acciones.
El agua, pues, sigue subiendo.
Ifetel cojo. De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, el informe trimestral del Instituto Federal de Telecomunicaciones resulta incompleto al no documentar el impacto concreto sobre desarrollo y competitividad sectorial.
Entre las omisiones que se enlistan está un análisis del impacto en la inversión para infraestructura con la regulación en materia de prácticas anticompetitivas.
El hueco, paradójicamente, se llena con datos intrascendentes como el número de seguidores en las redes sociales y actividades posteadas en Facebook, Twitter y Google.
En el caso concreto de telecomunicaciones y radiodifusión, no se habla del modelo de precios mayoristas para uso de infraestructura pasiva y desagregación efectiva en Telmex/Telcel, así como la desagregación de la red local de la primera.
Más oro, menos cobre. Durante marzo pasado la producción de cobre en el país se abatió 5.1%, alcanzando 35 mil 243 toneladas.
En contraste, de acuerdo con el Inegi, la de oro creció 11.3%, alcanzando 10 mil 112 kilogramos.
A su vez, la de plata creció también 0.6 en una proporción de 6.5%, alcanzando 416 mil 472 kilogramos.
Se va Modelo. Finalmente la asamblea de accionistas del Grupo Modelo, propiedad mayoritaria de la empresa belga-brasileña ABInBev, aprobó deslistar su acción de la Bolsa Mexicana de Valores.
La posibilidad se había planteado desde hace dos meses.
La razón de fondo es que la cervecera ya no reunía el número mínimo de acciones en el piso de remates para mantener su sitio en la pizarra.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
