Falsos dilemas de la vinculación entre educación y desarrollo

Colaboración especial

Si algo ha resultado dificultoso en la redefinición del Estado mexicano de las décadas recientes, ha sido el proyecto educativo. No es una casualidad, pues éste entraña no sólo el aspecto legal y administrativo de re-organización de las instituciones, de por sí arduo y conflictivo; sino, ante todo, el diseño de un modelo de país y de ciudadano (a) a tono con las necesidades y las aspiraciones del momento histórico que se vive. Así ha ocurrido antes, con las reformas que han menudeado en México desde el siglo XIX y los albores del XX, como las visionarias de la Reforma y la Revolución, que imbricaban a la educación con la cultura, ávidas de dar cimiento y sentido a la nueva nación.

Con todo lo defendible que pueda ser en estos días la Reforma Educativa, el énfasis que se advierte  es el de una reforma política y administrativa que trata de recuperar el liderazgo federal sobre las probadas incapacidades de algunos estados (descontrol de los presupuestos educativos, y perversión de las relaciones laborales). Sin desdén de esta loable voluntad política, y en espera de la transformación cualitativa de la educación básica nacional, no hay que perder de vista la reflexión sobre el tipo de educación superior que amerita el país en un escenario al parecer crónico de lento crecimiento económico y de necesidades sociales apabullantes.

Es un hecho que el modelo estatista de financiamiento de la educación superior se ha modificado  a fondo ante las presiones económicas que de modo creciente han padecido los tres órdenes de gobierno. De este modo, el presupuesto oficial tiende a verse cada vez más limitado. Veamos un ejemplo. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque de 2014 a 2015 el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) creció casi un 5% (en total, fue de 33 mil 706 millones de pesos), el de 2016 posiblemente se vea  disminuido en un 32%, representando un recorte de más de 10 mil millones de pesos, que se subsanaría a través de fusiones de diversos programas, como los de sus 27 Centros Públicos de Investigación (CPI).

Una explicación de esta tendencia tendría que ver no únicamente con la desfavorable coyuntura financiera del país, sino con una retracción selectiva del Estado de la inversión educativa, asociada a la exigencia de que las universidades y las instituciones de educación superior contribuyan con mayores resultados al desarrollo nacional. Esto pone en relieve la vinculación educación/economía  que cuando es fructífera ayuda a alejar el desarrollo científico y tecnológico de las contingencias presupuestales del Estado y de las crisis financieras internacionales a las cuales somos muy sensibles.

En tal contexto, es conveniente revisar dos falsos dilemas de la vinculación: la supuesta dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada; y la oposición entre generación de recursos propios y responsabilidad educativa del Estado. En el primero, se suele pensar que la ciencia aplicada desplaza a la básica, dada su adaptabilidad al mercado; y en el segundo, se confunde la capacidad de generación de recursos propios con el abandono de las responsabilidades del Estado hacia la educación superior. Por el contrario, abundantes evidencias demuestran que las alianzas con “nuevos actores” por medio de la vinculación, ha posibilitado fortalecer los presupuestos destinados a ciencia básica; y que la generación de recursos propios no sustituye las aportaciones del Estado.

Instituciones nacionales como la UNAM (especialmente en las áreas de ingeniería), o locales como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (donde la vinculación es un área tan sustantiva como la investigación y la docencia), son ejemplos de una vinculación pertinente. Es también el caso del CONACyT, que contribuye a este impulso a la vinculación, en el que, entre otros, son dignos de reconocimiento algunos de sus centros de investigación, como el Instituto de Ecología, el INFOTEC, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el  Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Desde su contraparte, es ya una constante la inversión privada y de los gobiernos que se dirige a formación de recursos humanos especializados y a consultorías para proyectos productivos. Una ventaja adicional es que el rumbo y el ritmo de este avance no están determinados por un ente central, sino por una suerte de poliarquía científica y tecnológica respetuosa de la libertad de cátedra e investigación y de las exigencias intrínsecas de las disciplinas científicas, que concilia la ciencia con necesidades sectoriales, sociales y regionales específicas. Esto depende en esencia de la solidez de los cuerpos académicos y de la robustez organizativa de las instituciones.

Otros beneficios tangibles de una nueva vinculación entre universidades y sociedad serán, dentro de este esquema, la dinamización y diversificación de la vida académica y el mejoramiento del impacto social de sus productos.

De manera paralela, se favorece una difusión y una divulgación amplias del conocimiento, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (con múltiples usos educativos de la Internet); la internacionalización intensiva de la vida académica y, sobre todo, la creación de una nueva cultura científica, basada en la apropiación social constante del conocimiento. Lo importante es que con reformas de gran calado o sin ellas, los logros en el desarrollo científico y tecnológico de México, delinean un perfil de gran potencialidad, muy  superior a los efectos de eventuales recortes presupuestales.

Director de Vinculación, Instituto Mora. Sociólogo