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Me llamó la atención que en el informe sobre la situación de la libertad de prensa que se presentó sobre México en la reunión de la SIP de marzo pasado, se subrayó que “las autoridades de los tres órdenes de gobierno son responsables, en muchos casos, de las agresiones contra la prensa, que superan a los atentados provocados por el crimen organizado”.
Existe una tensión natural entre la prensa y las autoridades a las que debe fiscalizar. Pero es grave cuando la conducta de las autoridades se vuelve reiterada y sistemática, como ocurre con políticos, policías, presidentes y representantes de gobiernos en algunos países de las Américas, que suelen utilizar su autoridad para amedrentar, desacreditar y recriminar a periodistas que no son de su agrado. No deja de alarmarme la cantidad de este tipo de agresiones en México, país que, lamentablemente, suele estar en las noticias por los numerosos asesinatos de periodistas y hechos de violencia contra la prensa ordenados por grupos del crimen organizado.
La gravedad del tema es que cuando las propias autoridades desestiman a la prensa, están contribuyendo con sus acciones al estado de indefensión que padecen los periodistas y los medios. Se trata de una forma indirecta de agresión a toda la sociedad, que obliga a muchos periodistas a caer en la autocensura y a abandonar la profesión.
Los servidores públicos tienen la responsabilidad de dedicarse con imparcialidad a sus ciudadanos y garantizar su seguridad personal, así como los periodistas tienen la tarea de fiscalizar y dar a conocer, desde distintos puntos de vista, asuntos de interés público. La efectividad de la información de un periodista dependerá del respaldo y confianza de sus seguidores, no de las presiones de políticos o autoridades irritadas que se convierten en cómplices pasivos de la violencia.
Como organización no somos indiferentes a las invalorables muestras de solidaridad por parte de la sociedad mexicana con los periodistas. Ha habido reacciones de condena y grandes movilizaciones por algunos asesinatos o desapariciones de periodistas, como los casos de Alfredo Jiménez Mota, Miroslava Breach y Javier Valdez, así como para denostar los casos de espionaje a periodistas y activistas sociales. Vemos con agrado que hay más conciencia que antes sobre la necesidad de proteger y brindar un marco de seguridad apropiado para los periodistas, en el entendimiento de que no se trata de un privilegio de grupo, sino de un beneficio para la sociedad, teniendo en cuenta que lo que se resguarda es el libre flujo de la información y el derecho del público a estar debidamente informado.
Las agresiones provenientes de las autoridades no pueden verse menos importantes que las del crimen organizado. Por el contrario, tienen el agravante de que son cometidos por quienes tienen el mandato constitucional y legal de proteger a sus ciudadanos y custodiar las garantías para una vida digna. Hay que estar muy atentos para evitar que estas sean aceptadas como una consecuencia inevitable del ejercicio del periodismo. ¡No lo son! Así como denunciamos con vehemencia los asesinatos contra periodistas a manos de la delincuencia organizada, no podemos quedarnos callados ante el atropello de las autoridades. La denuncia oportuna es nuestro mejor aliado; el silencio es nuestro enemigo.
A raíz de una reciente resolución de la Organización de los Estados Americanos, adoptada la semana pasada en Cancún, sobre seguridad de los periodistas, insistimos como organización en que ya es tiempo de que los gobiernos actúen para garantizar la libertad de prensa y de expresión. Pedimos que se demuestre con acciones concretas, voluntad política, empeño y esfuerzo, que tanto en México como en el resto del continente, los gobiernos busquen sustituir la cultura de la violencia por la de la tolerancia.
Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)Director senior del Deseret Digital Media de Salt Lake City, Utah
