Colaboración especial

“No, señora, es sólo una suspensión temporal. Debería dedicarse a obtener sus documentos”. Esta fue la respuesta que el Consulado Mexicano en Nueva York dio cuando recibieron llamadas telefónicas y visitas de inmigrantes preocupados por la decisión de un juez en Texas de frenar los programas migratorios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés)

Los programas DACA y DAPA han recibido una serie de ataques de líderes republicanos y algunos medios de comunicación. Como resultado, 55% de los votantes estadounidenses rechazan la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Obama y 26 estados iniciaron un juicio contra el gobierno federal por dicha medida.

Algunas de las preocupaciones vienen en el sentido de que Obama está abusando de su poder ejecutivo, pero principalmente está dirigido contra DACA y DAPA por los efectos que tendrían en sus economías. Los programas obligan a los estados a incrementar su gasto en reforzar la ley, seguridad social y educación para inmigrantes. Además temen que abrir el camino a la ciudadanía a aquellos que sean cubiertos por DACA y DAPA, el gobierno federal signifique otorgar una amnistía a los inmigrantes que estén en Estados Unidos de manera ilegal, permitiéndoles permanecer y garantizándoles beneficios.

A pesar de las sospechas y la retórica inventadas, análisis más sobrios muestran que deportar a los 5 millones de inmigrantes que podrían beneficiarse de DACA y DAPA costaría al gobierno poco más de 50 mil millones de dólares, unos 10 mil dólares para deportar a cada uno de ellos, probablemente mucho más que proveerles de servicios de salud o de educación.

Adicionalmente, los inmigrantes indocumentados son en realidad pagadores de impuestos. Erogan unos 15 mil millones de dólares en Seguridad Social, a pesar de que en ocasiones no reciben el beneficio. La cantidad con la que contribuyen ayudará a incrementar la reserva para el retiro de los baby boomers, mucho antes de que estos nuevos trabajadores lo hagan efectivo. Mas aún, los inmigrantes que logren cobertura de DACA y DAPA no serán elegibles para beneficios del servicio de salud y otros programas federales, aunque salir de las sombras significaría que paguen por ese tipo de programas. Los estados recibirían también apoyos para beneficios de salud y de colegiaturas en universidades estatales.

Además está el mito de que los programas significarán una amnistía. En realidad DACA y DAPA no perdonarán a los inmigrantes indocumentados o les garantizará la ciudadanía o residencia permanente. Son programas que darán a los inmigrantes que sean elegidos un alivio temporal a la deportación.

Así como DACA y DAPA garantizan una prórroga de una onerosa deportación (onerosa para los contribuyentes estadounidenses), permitirán también a los indocumentados solicitar permisos de trabajo para el periodo que comprenda las acciones diferidas. Adicionalmente, podrán solicitar el beneficio de viajar a sus países de origen y volver a Estados Unidos, restableciendo así el flujo laboral que en el pasado sirvió para prevenir una enorme ola de inmigrantes indocumentados.

Hay, sin embargo, algunos riesgos y problemas inherentes a los programas. Primeramente, como ya se mencionó, DACA y DAPA sólo son programas temporales, lo que significar que podrían fácilmente cambiar o desaparecer en la siguiente administración. Este es un problema para los inmigrantes que se beneficien de él, pero es además un asunto para el problema migratorio, porque no es una solución integral y efectiva.

No obstante, hay algunos riesgos para los inmigrantes que sean elegibles. Aunque los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EU generalmente no compartirán información con otras agencias de quienes hagan solicitudes para DACA y DAPA, podrían compartir información si ellos han cometido delitos, fraudes o amenazan a la seguridad nacional. Pero debido a que se trata de una acción ejecutiva, la política también podría cambiar la siguiente administración, con el riesgo de que sean deportados posteriormente.

Los riesgos y problemas que DACA y DAPA significan para los inmigrantes y para el movimiento de reforma migratoria en su conjunto, así como la suspensión temporal emitida por el juez Hanen no sería del todo malo. La suspensión le da al Congreso estadounidense la oportunidad de trabajar en la ansiada reforma migratoria.

Ciertamente, la acción ejecutiva de la administración Obama hizo más daño que beneficio, ya que descartó una reforma migratoria completa del Congreso y sólo avivó una más férrea oposición de los Republicanos y el público en general.

Finalmente, el Congreso estadounidense debería reconocer la lógica política y económica de una reforma migratoria y apoyarla ante una opinión pública escéptica. ¿Lo hará?

De LatinAmericaGoesGlobal.org para Grupo de Diarios América


María Fernanda Meillon Pantoja

Estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y estudiante de intercambio en Columbia University. Interesada en estudios regionales de Norteamérica.

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