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La relevancia del proyecto inmobiliario del Instituto Nacional Electoral amerita un tratamiento equilibrado y objetivo, alejado de toda estridencia y frivolidad. El amarillismo con el que este tema ha sido tratado elude el análisis y hace parecer el proyecto como el resultado de una ocurrencia.
Es probable que el propio INE haya cometido cierta ingenuidad al no prever la avalancha de superficialidad en el tratamiento de este asunto. A toro pasado, hubiese sido conveniente dar a conocer, de inicio, los fundamentos y procesos de la planeación institucional que llevaron a programar la construcción de nuevas oficinas, a partir de las necesidades detectadas, en el marco de un uso racional tanto de la infraestructura vigente como de las necesidades de espacio en los años venideros; todo ello para el mejor cumplimiento de sus añadidas obligaciones constitucionales.
La planeación oportuna del proyecto queda de manifiesto al haber sido aprobado por su Consejo General, en el Programa de infraestructura inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral (que ha estado a disposición pública desde su aprobación), el cual engloba todas las actividades de construcción en el ámbito de las Juntas Locales y Distritales y de oficinas centrales, incluyendo el citado proyecto.
Lo anterior es acorde con una política implementada en 2010 por el gobierno federal que promueve la adquisición o construcción de inmuebles con la finalidad de ahorrar en arrendamientos. Con base en dicho programa se han construido 4 juntas locales correspondientes a Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Sonora; asimismo, se han restaurado sedes en diversas entidades y se adquirió por medio de compra-venta un terreno para la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León.
Se ha dicho con ligereza que las oficinas centrales del INE son actualmente lujosas y suficientes. Esa afirmación es, por decir lo menos, falsa. Diversas áreas de la institución laboran en hacinamiento y hay carencia de espacios para desarrollar las actividades cotidianas más esenciales.
Para dimensionar esta situación conviene tener presentes los siguientes datos. El INE tiene en arrendamiento 629 inmuebles. Existen 83 comodatos y tiene 34 inmuebles propios. Cabe señalar que se tienen en arrendamiento no sólo oficinas, sino también bodegas y terrenos, por la diversidad de actividades que desempeña el instituto. El 24% de inmuebles arrendados corresponde a oficinas centrales lo cual representa, aproximadamente, un gasto de 80 millones de pesos anuales.
El monto que se eroga actualmente por arrendamiento, a nivel nacional, es considerable (ronda los 280 millones de pesos anuales) y amerita soluciones de fondo, de mediano y largo plazos. Por ello el inmueble, del que ahora se critica su construcción, debe entenderse como una inversión que permitirá generar ahorros en el mediano plazo.
Sin duda tenemos presente la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país, es por ello que el proyecto se planea desarrollar por etapas, siempre atentos a la disponibilidad presupuestal y a los ahorros que la propia institución deba hacer para ese fin.
Reitero, es importante iniciar esa inversión ahora, más si el INE ya tiene 719 millones para construir la primera etapa del proyecto en oficinas centrales. La obra atenderá necesidades reales y traerá beneficios para las finanzas del instituto y consecuentemente para las finanzas públicas.
Como todo proyecto, existe un margen para perfeccionarlo y la crítica constructiva es un elemento cierto para avanzar en ese camino. El proyecto inmobiliario del Instituto Nacional Electoral es el resultado de un ejercicio serio de planeación que debe conducir al ahorro de recursos públicos.
Consejero electoral del INE.
Profesor UAM-I. @jsc_santiago