Determina el Instituto Nacional Electoral (INE) que tanto la coalición del PRI, “Por un Coahuila Seguro”, que llevó como candidato a Miguel Riquelme, supuesto ganador de la elección, como la del PAN, “Alianza Ciudadana por Coahuila”, que abanderó Guillermo Anaya, rebasaron los topes de campaña en la elección a gobernador. Hasta el momento se calcula que la primera supera los gastos en 8% (más de un millón y medio de pesos) y la segunda en 5% (casi un millón).

De acuerdo con las autoridades del INE aún no es posible determinar con exactitud de cuánto fue el rebase de topes de campaña, por lo que el 8% y el 5 % mencionados son aún un cálculo preliminar. A dichos porcentajes falta sumar una serie de gastos que tienen que ver con el costo de algunos videos difundidos en estadios de futbol, servicios de Facebook y contratos con una empresa que trianguló con Facebook para la difusión de información del PRI; así como alimentos que ambas coaliciones pagaron a sus representantes de partido el día de la elección, los prorrateos que permiten a los partidos de la coalición repartir los gastos entre ellos y sus candidatos de manera proporcional, el pago de espectaculares duplicados, transferencias electrónicas, etc.

Asimismo, es preciso corroborar si ambas coaliciones pagaron a sus representantes de casilla el día de las elecciones y a cuánto ascendió este gasto. La cifra es importante pues dado que los partidos fijaron los topes de campaña en solo 19.2 millones de pesos, el más bajo de las tres elecciones a gobernador de este año, cantidades al parecer no tan abultadas bien pueden elevar de manera importante tal rebase, si se tiene en cuenta que se instalaron poco más de 3600 casillas, en las cuales los partidos tuvieron derecho a nombrar a dos representantes propietarios en cada mesa directiva de casilla o a representantes generales que aseguraran el acceso a copias de las actas y verificaran lo que estaba pasando en cada una de estas casillas.

El pago a los representantes de partido no va en contra de la ley electoral, por el contrario, es un gasto considerado en el Reglamento de Fiscalización y regulado por la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de campaña, por lo que debe ser reportado. En este caso, la instrucción emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización en torno a que se subieran, al sistema informático determinado para ese efecto, sólo los formatos de representantes de partidos registrando lo pagado y no el resto de la información, provocó confusión entre algunos consejeros del INE, integrantes de la Comisión de Fiscalización, que concluyeron que si los formatos no estaban había que multar a los partidos calculando un promedio de los costos de lo que se paga a los representantes de los partidos.

De acuerdo con Marco Antonio Baños, consejero del INE, en entrevista con Óscar Mario Beteta en su programa “En los tiempos de la Radio”, en Radio Fórmula, 103.3 de FM, el 18 de julio de 2017, el pago a los representantes de partido se movió en un rango que va de 50 a 2800 pesos por ese “día de trabajo”. La máxima cantidad corresponde al Estado de México, donde el INE ya determinó que no hubo rebase de gastos de topes de campaña. Al final, los consejeros zanjaron su desacuerdo en relación con estos gastos acordando, por unanimidad, que se iniciara un procedimiento de revisión.

Cabe aclarar que, aunque el pago a los representantes de partido no es contra la ley, no en todos los casos los partidos pagan esta actividad, la cual puede caer en la categoría de trabajo gratuito o con cargo a la militancia lo que no impacta de ninguna forma los topes de campaña. En este sentido, el PRI apeló diciendo que el trabajo de sus representantes fue gratuito y presentaron formatos que avalan su dicho, mismos que aún deben ser revisados. Dada la posición del PRI y el mismo PAN ante una serie de errores cometidos en el llenado de los formatos mencionados, el INE decidió otorgar un nuevo plazo de 24 horas a los equipos de campaña, para que entreguen la información faltante.

La revisión completa de los gastos de ambas campañas se votará en una nueva sesión del Pleno en agosto, ya que el viernes 21 de julio empieza el periodo vacacional del organismo electoral. Una vez que el INE termine de calcular los montos de gastos de campaña que rebasaron el tope, enviará esa información a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual determinará finalmente si hay elementos para anular la elección a gobernador por el estado de Coahuila, o si se decide que la diferencia del rebase que hay entre el primero y segundo lugar no es determinante, esto es, no es muy grande la diferencia entre el primero y segundo lugar al no superar el 5%, por lo que no procede la anulación. La fecha límite para que el TEPJF anuncie su decisión es un día antes de la toma de protesta del gobernador, el 30 de noviembre.

Es interesante anotar, con el fin de aclarar dudas, lo que explicó el consejero del INE Ciro Murayama en torno a la reducción del gasto registrado a los dos partidos principales: la reducción al PRI y su coalición fue de un millón 400 mil pesos, tras comprobar que habían reportado previamente una serie de videos, que costaron 127 mil pesos y que se transmitieron en el estadio de los Santos; al PAN y sus aliados se les redujo el gasto en 1 millón 200 mil pesos por el pago de una encuesta de salida que corrió a cargo del partido. Esto explica que de la noche a la mañana se desinflara el rebase de tope de gastos de campaña en Coahuila: de 31% a 8%, en el caso de la coalición del PRI, y de 26.6% a 5%, a la coalición del PAN.

Murayama aclaró que se modificará el reglamento de fiscalización para que, en el 2018, este tipo de rubros sean incluidos en los gastos de campaña.

Hasta aquí el recuento de los datos y las cifras, que pueden todos ser técnicamente correctos o no, por lo que ahora es momento de preguntarse:

1. ¿Por qué Coahuila SI y el Estado de México NO, donde el rebase de topes de campaña fue más que obvio a pesar de lo que haya determinado el INE? ¿Siguen vigentes las concertacesiones entre el PRI y el PAN y se “catafixió” Coahuila por el Estado de México?

2. Si el TEPJF determina que no procede la anulación de la elección ¿el PAN y sus aliados obtendrán a cambio algún otro beneficio?

3. Si, por el contrario, se anula la elección ¿cuánto costará una nueva elección? ¿competirán los mismos candidatos o no? ¿aceptarán los partidos el triunfo y la derrota, según el caso?

4. Si se anula la elección ¿cuál de los dos criterios privará en la presidencial del 2018 si se repiten las condiciones de rebase de topes de campaña y la cercanía entre primero y segundo lugar: el de Coahuila o el del Estado de México?

5. ¿Es Coahuila una “caja china” para distraer la atención de la opinión pública en torno a la extradición de Javier Duarte y los cargos por los que será juzgado, mismos que tal vez le permitan abandonar la cárcel en unos años y disfrutar lo que se robó y le quedó después de repartir y contribuir a ciertas campañas electorales?

Académica de la Universidad Iberoamericana

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