La Reforma Penal de los Juicios Orales destapa fallas sustantivas de nuestro Sistema de Justicia Penal que hay que corregir si queremos un México justo, condición para el desarrollo económico y social.
Desde el entreverado y negligente manejo de policías, provocado por no requerir pruebas para imponer prisión dado el control del Ministerio Público sobre el proceso penal, hasta el reprobable estado de cárceles donde impera la ilegalidad, el nuevo Sistema Penal saca a la luz fuentes de impunidad.
En Nuevo León están mejor preparados para ejercer en el nuevo sistema los Defensores Públicos que los abogados privados, pues al pertenecer a un cuerpo estructurado, se han podido capacitar para enfrentar los cambios de la Reforma Penal.
Del Estado de México conozco tres casos en los que jueces de Juicio Oral han pedido al acusado en turno que se deshaga de su abogado privado, por inepto, y tome uno público.
Muchos millones ha dedicado el Gobierno para capacitar abogados en Juicios Orales, todos destinados a Defensores Públicos; ¿quién nos va a entrenar a nosotros?, me preguntan amigos de la práctica privada.
La respuesta es: ¡nadie!; ni los colegios de abogados ni las escuelas de Derecho lo están haciendo; el abogado recibe su título profesional y queda sin obligación alguna de capacitarse; los colegios, barras y escuelas no están organizados para mantener actualizados los conocimientos de miembros y egresados.
Cuando surgen cambios tan trascendentales, como el de la adopción del nuevo Sistema de Justicia Penal, se magnifica la falta de capacitación continua de los profesionales del Derecho.
Desde mis años de estudiante a la fecha han sufrido modificaciones prácticamente todas las leyes vigentes en el país. ¿Qué seguridad tienen mis clientes, o el público, de que estoy preparado para atender sus intereses?
Durante mí ya larga vida de práctica jurídica, lo más que he sabido respecto a procedimientos sobre el comportamiento ético de los abogados es de un caso en que un barrista amenazó a su contrario de instaurarle un juicio sobre su conducta profesional.
La respuesta del amenazado: “… lo peor que me puede pasar es dejar de recibir la Revista de la Barra”. En un país plagado de corrupción esto demuestra el nulo impacto que tienen los colegios en la vida profesional.
En México hay más mil 700 escuelas de Derecho, cifra que crece a tres más por semana; tienen poder para autorizarlas la Federación, cada entidad y las mismas universidades; se gradúan anualmente alrededor de 60 mil, tienen título profesional cerca de 700 mil y se calculan unos 170 colegios gremiales.
Parafraseando, respecto a la Orden de Aprehensión del viejo sistema: “…un título de licenciado en Derecho no se le niega a nadie” ¿Quién controla su capacidad y conducta? Igual: ¡nadie!
A diferencia de otras profesiones, médicos, valuadores, notarios, por ejemplo, las barras en México se han organizado más como clubs sociales o de plataforma política, no como institutos que mantengan estándares de control de calidad.
La experiencia internacional también apunta hacia otra dirección: se exige ser barrista; es famoso, por difícil, el examen de admisión de la Barra de Abogados de Nueva York en el que los titulados por Harvard y Columbia seguido lo reprueban.
Un amplio grupo de asociaciones civiles de la Red de Juicios Orales, ha presentado una iniciativa al Senado de la República para que se legisle sobre la Colegiación Obligatoria de los abogados, como medio de elevar su calidad profesional.
Es una respuesta a una realidad que la Reforma Penal nos lanza como reto, al igual que la transformación a policías y cárceles; legislar no está exento de riesgos, pero hay que afrontarlos.
¿Cuál es la alternativa de no hacerlo? No es quedarnos como estamos, sino lo que sigue, ir contra la Historia.
Presidente de Institución Renace ABP
