Se busca persona para ocupar alto cargo público...

Edad mínima: 35 años, nacionalidad: mexicana, otros requisitos: que no haya ocupado cargo de elección pública en los últimos tres años, que pueda aparentar haber vivido en México en este lapso, que tenga suficientes conocidos que le aprecien en el Senado sin importar su color o bancada, pero eso sí, que tenga relación particularmente buena con un partido en específico que le proteja cuando llegue el momento...

Si ésta fuera la sección de anuncios y, en efecto, se buscara quien ocupe un cargo público, los requisitos técnicos que vendrían a continuación no serían mayores.

El problema es que mucho del éxito que tienen las instituciones en cumplir con sus funciones y facultades depende directamente de quienes las encabezan y ésto, a su vez, está estrechamente vinculado con los resultados de los procesos de selección. Así, un proceso opaco, discrecional y subjetivo necesariamente produce perfiles sin legitimidad ni idoneidad. Servidores públicos de esta naturaleza arrastran entre sus pies las instituciones, sus recursos humanos, técnicos y financieros, y por supuesto quedan cortos en materia de resultados e impactos, haciendo de sólidos marcos normativos legislación estéril.

El inicio del periodo legislativo llega con nuevos nombramientos. El legislador tendrá en frente diferentes procesos de designaciones, algunos determinantes para la lucha contra la corrupción e impunidad: los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, las y los académicos y representantes de sociedad civil que habrán de designar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y quien pudiera ser la primera persona a la cabeza de la Fiscalía General.

En el momento histórico en el que nos paramos, la altura de los retos y la gravedad del contexto elevan las expectativas que la sociedad tiene sobre el Senado a un nivel inusual. Nunca como ahora hubo un alto grado de consenso en que la corrupción e impunidad corroen con voracidad el Estado mexicano; nunca como ahora se requirió un servicio público idóneo para sacar adelante sus funciones y probo para fortalecer la confianza y legitimidad de las instituciones.

Para lograr mejores designaciones, bajo la campaña #VamosPorMás, organizaciones civiles, representantes de la academia y del sector empresarial pusieron sobre la mesa los elementos técnicos indispensables: convocatorias públicas con pasos y criterios perfectamente establecidos a priori, máxima publicidad y rendición de cuentas durante el proceso, comparecencias públicas que tomen el tiempo que requieran, instrumentos objetivos para evaluación de los perfiles y participación ciudadana sustantiva con mecanismos para procesar objeciones y cuestionamientos que se hagan a las y los postulantes.

Estos elementos inciden positiva y significativamente sobre el margen de discrecionalidad y politización en los procesos, pero no son suficientes para acabar con las cuotas ni los cuates. Resta la voluntad política que demuestren los actores involucrados, la que se materializa en el cumplimiento que haga el Ejecutivo de sus compromisos públicos (como el que adquirió sobre este tema en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto), el escrutinio riguroso del Legislativo sobre los perfiles que envíe el Presidente o la SJCN, el ejercicio de la facultad —hasta ahora nominativa— del veto legislativo, o la independencia y contrapesos efectivos que mantengan los Poderes.

Y por supuesto: la apertura a las exigencias que hace la ciudadanía sobre estos procesos... porque #VamosPorMás.

Integrante de Artículo 19, organización miembro de la Red por la Rendición de Cuentas