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Desde octubre, doce periodistas en seis países —dos en Colombia, dos en Honduras, cuatro en México, dos en Brasil, uno en Paraguay y uno en Perú— han sido asesinados, según la Sociedad Interamericana de Prensa.

El asesinato es la más extrema, pero no es la única amenaza. Los profesionales y los medios de comunicación han sido víctimas de una escalada en las agresiones físicas, amenazas de censura, vigilancia y leyes restrictivas. Los culpables van desde los gobiernos, los narcotraficantes y los tribunales locales, hasta las fuerzas de seguridad, tanto legales como ilegales.

Sin embargo, el deterioro en la situación de la libertad de expresión no ha sido el objeto de una respuesta unificada y contundente por parte de la región. A pesar de que el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado investigar los asesinatos, los gobiernos no han hecho seguimiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha estudiado el tema.

Hoy los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Argentina y Nicaragua representan la mayor amenaza sistemática a la libertad de expresión. En Venezuela 37 periódicos suspendieron o redujeron sus ediciones impresas del año pasado como consecuencia de la escasez de papel provocada por los controles de divisas del presidente Nicolás Maduro. En Ecuador, el presidente Rafael Correa a menudo desacredita a los medios y a los periodistas que critican a su gobierno por radio.

Pero incluso más allá de los peores casos, la libertad de expresión en una región marcada por sus democracias, ha disminuido en general. La violencia contra los periodistas y las restricciones a los medios son violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 13 del documento, ratificado por 25 países, establece que el derecho de expresión no puede ser restringido por gobiernos, controles privados, y otros medios “encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Sin embargo, de conformidad con la clasificación mundial de la libertad de prensa 2015 publicada por Reporteros sin Fronteras, sólo las puntuaciones de dos países latinoamericanos, Jamaica y Costa Rica, se encuentran en la parte superior de la lista, mientras que México, Colombia, Venezuela y Cuba están en la parte inferior.

Dado que en muchos de estos casos los gobiernos son los responsables, las cartas de protesta son insuficientes. Para reducir violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe evaluar las denuncias y adoptar las medidas necesarias lo más rápido posible, incluyendo emitir declaraciones cuando los periodistas o los medios de comunicación están en riesgo, tramitar medidas de protección (medidas cautelares), y dictar recomendaciones rápidamente. Al mismo tiempo, dado el deterioro constante, ahora es el momento para que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, exija la discusión de este tema en las instancias superiores.

Si el sistema interamericano actúa con celeridad, es posible garantizar que se ponga un alto a la continua y progresiva ola de represión contra la libertad de expresión y violencia contra sus practicantes.

Periodista brasileña, candidata a maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia.

De LatinAmericaGoesGlobal.org para Grupo de Diarios América

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