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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entró en operación plena el 19 de julio, sin embargo, nace y crece en medio de sospechas, acusaciones, omisiones e ilegalidades.
En un recuento rápido y para abrir la lista de irregularidades, hay que recordar que la presidenta del Comité de Participación Ciudadana —considerado la cabeza del SNA—, Jacqueline Peschard, denunció llevar más de tres meses operando sin presupuesto y sin una oficina. Lo cual evidencia la pretensión de cortarle las “garras al tigre”, porque sin los elementos materiales indispensables resulta imposible que el Comité pueda cumplir con sus funciones constitucionales y legales.
Posteriormente, pesaron fuertes interrogantes sobre los integrantes de dicho Comité, debido a una estrategia orquestada desde el partido en el poder y sus aliados para deslegitimar a los ciudadanos.
Para cerrar con broche de oro, también le quitaron los “colmillos a la fiera”, pues el SNA inició sus operaciones sin fiscal y sin magistrados, toda vez que no hubo consenso en el Senado para la designación de dichos funcionarios.
La Política Nacional Anticorrupción, no está completa, ni la construcción e implementación de la Plataforma Digital Nacional y tampoco los Sistemas Locales Anticorrupción quedaron instaurados en todas las entidades federativas.
Se dio a luz a un sistema obeso que nació cercenado y que apunta a ser ineficiente. Tan obeso, incompleto e ineficiente como el propio sistema político mexicano. Así que, como dice el dicho, “de tal palo tal astilla”.
Sólo a los ciudadanos parece importarles el SNA, porque ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni las instituciones públicas involucradas han exigido el cabal cumplimiento de la ley.
El problema no son las leyes ni las instituciones, prueba de ello es que a pesar de que éstas existen, simplemente una minoría compuesta por la mayoría de los senadores ha decidido no nombrar al fiscal nacional anticorrupción. No les importa lo que ordena la Ley Fundamental, como tampoco les importa la ciudadanía y sus demandas, de ahí que 66 de cada 100 pesos del erario federal que van a los estados están malversados.
Actualmente México destina a combatir la corrupción 7 mil 382 millones de pesos, y a pesar de la inversión cada día ésta va en aumento y parece estar sin control. Esos miles de millones invertidos no impidieron que Javier Duarte vaciara las arcas de Veracruz y tampoco han permitido recuperar lo que se robó.
Hoy ni los recursos destinados a combatir la corrupción, ni las leyes vigentes, ni las instituciones existentes, han sido suficientes para que los senadores cumplan con sus obligaciones constitucionales.
Pregunto, ¿actuar por encima o al margen de las leyes ya sea por acción u omisión no es corrupción? Claro que lo es. La complicidad política y las ambiciones electorales son el caldo de cultivo para que la impunidad crezca y se reproduzca sin medida.
El SNA nace sin garras y sin dientes, pero también manco, cojo y mudo. Obeso pero débil, legal pero no legítimo. ¿Cómo puede tener la sociedad confianza y certeza, cómo puede confiar la ciudadanía en las leyes si quienes las hacen las violan, cómo puede confiar en sus representantes populares si no escuchan sus demandas, cómo puede confiar en los funcionarios públicos si México es el país más corrupto de entre los miembros de la OCDE?
Diputada federal y activista social.
@LaraPaola1
