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Las personas detenidas sin una orden de aprehensión pueden ser beneficiadas con el nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio. Sobre todo porque en algún momento se violentaron sus derechos humanos y el debido proceso, por lo que podran salir de los centros de reclusión.
Ahora lo que hay que analizar es qué tipo de delito cometieron y hay que revisar todo el proceso para poder saber si pueden o no ser beneficiados por el Sistema Penal Acusatorio. Eso propiamente debería de constar, de una u otra manera, en las carpetas de investigación o en el trabajo de la defensa de estas personas. El gran problema es que muchos de ellos quizás no tuvieron una defensa adecuada, tal y como lo dice la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016.
En su conjunto, revela un problema de los abogados defensores al servicio de las personas privadas de su libertad.
Lo que hay que tomar en consideración es que la mayor parte de las personas en situación de reclusión, desafortunadamente, fueron detenidas en flagrancia; y así lo demuestra la propia encuesta.
En realidad nos revela que a nivel nacional casi 42% fueron recluídas tras haber declarado la comisión de un delito y alrededor de 47% dice haber sido señalado o acusado de un delito.
Aunado a ello tenemos las que fueron sustraídas de algún lugar. Hay que cruzar estos datos con el 25.5% que es detenido inmediatamente después de cometer el presunto delito. La encuesta dice que la mayor cantidad de personas son detenidas en flagrancia al poco tiempo de haber cometido el delito.
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Hace unos años se decía que 80% de los que cometían un delito eran detenidas en flagrancia, 15% por declaración y 5% por investigación. La Enpol 2016, realizada por el Inegi, nos está diciendo que la tendencia podría continuar de la misma forma.
El problema de las detenciones sin órdenes de aprehensión inicia en México con el desconocimiento que tienen los ciudadanos de lo que se puede y no hacer en el nuevo sistema acusatorio.
Aquí hay varias cosas que debemos revisar. La encuesta Enpol 2016 nos permite tener una aproximación a otros datos, creo que harían falta muchos más elementos de análisis.
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Algo que llama la atención es que la inmensa mayoría, más de 60% de los que están recluidos, son por una variedad en tipo de robos y es interesante ver que por posesión de drogas y la lucha contra la delincuencia organizada, desde el sexenio de Felipe Calderón, los datos revelan que 13% de las personas en prisión han llegado ahí por posesión ilegal de drogas.
El mayor delito es el robo: creo que tenemos un problema. El otro, que se ha discutido, es la portación ilegal de armas, la encuesta señala que casi 8% del total de personas recluidas cometieron ese ilícito.
Un aspecto más a revisar es el dato de cuántas cárceles había en el país, porque estos datos sí son importantes.
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La encuesta revisó más de 338 prisiones. Es una muestra bastante amplia, lo que habría que ver es que sólo se entrevistó a 64 mil 150 reos, habría que ver de octubre a diciembre cuántos internos había, porque si había más de 250 mil, habría que considerar otras variables de centros penitenciarios que a lo mejor albergan a otras personas que están por portación de armas y puede incrementarse y variar las cifras.
Tenemos que insistir en capacitación, tanto a nivel reclusorios como Ministerios Públicos y hasta a nivel de jueces, hay que perfeccionar el sistema, hay que ver cómo hacemos para que se vaya consolidando este sistema.
El objetivo de las prisiones es la reinserción social, como dice la ley, entonces, ¿cómo lograrlo?, ¿cómo le hacemos para que la gente no reincida? Ese 60% de los delitos a que fue sentenciada después de haber regresado a prisión es por robo.
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Lo que no se está haciendo en los centros penitenciarios son actividades para reinsertar a quienes estuvieron presos.
Investigador del Inacipe
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