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¿El Estado debe regular la nominación de candidatos partidistas?

Inclusive en Europa el principio de no intervención en la vida de los partidos políticos ha perdido terreno
09/07/2015
02:26
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En los próximos meses asumirán sus cargos quienes ganaron las elecciones. Como ocurre en las democracias más estables, sin retraso alguno, los representantes populares tomarán protesta en las fechas establecidas por la legislación. Para ese entonces estarán resueltos los medios de impugnación que hayan sido presentados.

Todo ello devolverá la mirada a las personas, al desempeño de quienes en su momento fueron nominados por los partidos políticos y que el voto ciudadano convirtió en gobernantes.

Sin embargo, en los análisis previos y postelectorales, poco nos detenemos a estudiar ¿cómo se escogen a los candidatos? Y toda vez que en el último trimestre de este año, formalmente iniciarán 14 procesos electorales, bien vale la pena detenernos a revisar un poco la discusión que hoy se da sobre el tema, en México, y en otras latitudes.

La respuesta no es simple. La variedad de formas en que los países regulan la nominación de candidatos es muy amplia. Además, al interior de cada país es posible advertir diferencias. Con ello en mente, un grupo internacional de constitucionalistas (España, Holanda, Reino Unido y México) pusimos a consideración de la Comisión de Venecia una investigación sobre las implicaciones de cada modelo regulatorio (bit.ly/1LVtuFL).

Naturalmente, la profundidad con que cada país regula los procesos intrapartidistas de nominación de candidaturas depende de los paradigmas dominantes en cada nación y momento histórico. El balance que se haga entre los principios que rigen la vida partidista —libertad y democracia— determina hasta qué punto se legisla el quehacer de los institutos políticos.

En efecto, los países herederos de una tradición democrática liberal suelen privilegiar la autonomía partidista. Estados como Holanda y Reino Unido consideran a los partidos como cualquier otra organización social o asociación civil que está compitiendo en un mercado específico, el de la política. Legislar a los partidos es, desde esa perspectiva, una distorsión al mercado.

La corriente contraria considera que el anhelo democrático supone valores supremos específicos a los que los sistemas electorales se deben adherir. Desde esa perspectiva, la vida partidista puede ser regulada para que el Estado pueda garantizar que ésta sea un terreno propicio para ejercer las libertades en un ambiente de igualdad. Constituciones como la de Alemania, Costa Rica, España o Portugal consideran a los partidos como entes de “relevancia constitucional”, razón por la cual se justifica que la ley garantice que sus procesos internos se ajusten a principios democráticos.

Si bien la investigación aprobada por la Comisión de Venecia reconoce que los dos extremos arriba mencionados ya no se pueden encontrar en su forma pura, también se hace cargo de una tendencia creciente hacia el modelo que sí permite la regulación. Inclusive en Europa el principio de no intervención en la vida partidista ha perdido terreno, debiendo ponderarse junto con otros objetivos sociales.

En ese contexto, es natural que el debate sobre las experiencias internacionales haya puesto especial atención en las experiencias latinoamericanas. La región ha sido sistemáticamente productiva en regulación de los principios democráticos en la vida partidista y, al hacerlo, ha obtenido resultados notables en algunos indicadores.

Así, por ejemplo, las cuotas de género obligatorias en buena parte de las democracias latinoamericanas han permitido que la representación de mujeres en los parlamentos nacionales sea superior a la de cualquier otra región del mundo. Es emblemática la paridad de candidaturas adoptada por Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México.

Por su parte, Bolivia, Perú y Venezuela son reconocidos por garantizar la representación indígena en sus congresos nacionales, a través de normas que impactan la vida partidista.

La conclusión es clara: es posible regular los mecanismos para la definición de candidatos por los partidos sin erosionar las libertades asociativas de los individuos. Hacerlo puede fortalecer la representación democrática.

Magistrada del TEPJF.

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Twitter: @MC_alanis

María del Carmen Alanís
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo Presidenta de 2007 a 2011. Destaca su trayectoria en las instituciones electorales del país.
 

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