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El general Cienfuegos, secretario de Defensa, en conferencia de prensa, declaró: “quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos estar ahí”, “no nos sentimos a gusto”; “no estudiamos para perseguir delincuentes...”; “nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando”; “a 10 años de... la lucha contra el crimen… el Congreso no ha otorgado marco jurídico… que las respalde... la falta de una ley de seguridad interior ha generado inquietud entre los militares”; “los soldados ya están pensando si le entran… con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, pues les sale más barato”; “los delincuentes salen por este sistema garantista… falta de debido proceso… los sueltan y todos creen que esa es la puerta de salida de la prisión”; “el sistema penal acusatorio no está funcionando”; “la seguridad interior… es responsabilidad… de Gobernación”; “se les paga a las fuerzas de policía para que hagan su tarea y no lo hacen”; “se determinó que las policías se reconstruyeran, no lo vemos”. Peña Nieto lo avala: “…ante lo expresado por el señor general… más allá del contexto o de la descontextualización, coincido plenamente… nuestras Fuerzas Armadas… han asumido una tarea que en estricto sentido no les corresponde”, “están, además, decididos a seguir haciéndolo… en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país”.
Cienfuegos reconoce que no estudiaron para perseguir delincuentes, desnaturalizando su profesión, no están a gusto. Propina severa crítica a la política institucional y de seguridad de su jefe supremo —que incluye a Calderón; impensable, de no ser claro que es un montaje para ejercer una ilegítima presión a la sociedad y al Congreso. Las organizaciones internacionales —ONU, OEA— han denunciado una década de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, recomendando su regreso a los cuarteles. Es obvio que después de diez años del control del Ejército sobre la seguridad pública del país, no sólo no se ha solucionado el problema, lo ha recrudecido; la entrada del Ejército generó la tragedia humana que vivimos. Cienfuegos tiene razón: hacen una tarea que no les corresponde, inconstitucional, en demérito de las Fuerzas Armadas; la maquinaria militar es contraria al servicio democrático de policía. El Ejército debe regresar a sus cuarteles.
Recordemos el origen de esa utilización del Ejército por Calderón en la “guerra contra las drogas”. Fue demanda de Estados Unidos, institucionalizada en el “Plan Mérida”, eufemismo, del “Plan Colombia”, responsabilizándonos de detener, a nuestra costa, el trasiego de drogas a Estados Unidos, transformado en una auténtica militarización del país, en la anulación de las fuerzas de seguridad civiles federales, estatales y municipales, militares “jefaturan” las policías del país. El gobierno utiliza sin límite al Ejército para ocupar ilegalmente estados enteros, suspendiendo prácticamente garantías, imponiéndose a gobiernos estatales y municipales para enfrenar movimientos sociales y procesos de descomposición política. No debe permitirse legalizar la militarización en contra del Estado civil y los derechos humanos. Peña está obligado a cumplir con su responsabilidad, tiene legiones de policías federales, gendarmería en la que ha invertido miles de millones, quienes tienen que hacer la tarea. No a un gobierno policiaco-militar en México. Ni Peña ni el Congreso tienen las facultades para hacerlo, violarían la esencia de la Constitución… sería un golpe de Estado.
Senador de la República
