Pobreza y oligarquía

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval) publicó la medición de la pobreza 2014. Durante el gobierno de Peña Nieto se generaron 2 millones de pobres más, sumando 55.3 millones, el 46.2% de nuestra población; en la medición de las “carencias sociales”, educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda, el 72.4% de la población carece de al menos de una, siendo todas fundamentales. La Cepal, 2015, ubicó a México como el de menor disminución de la pobreza en Latinoamérica; desde 2010 publicó La Hora de la Igualdad, censurando el modelo de mercado autorregulado, con predominio privado y reducción del Estado. Sumemos el texto de Oxfam, 2015, Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político. Estos estudios constatan la brutal desigualdad y pobreza que nos afecta, sin acciones políticas reales ante la tragedia.

El Coneval entrega esta información para “permitir mejores decisiones a los gobiernos federal y estatales, al Congreso”. Ejemplo de la ligereza ante estas cifras espeluznantes es la reacción inmediata de Peña Nieto: “la política social no ha sido suficiente para reducir la pobreza”; alegó que durante su administración, el fenómeno “al menos no creció”, negando los datos del Coneval que comenta, y concluye que “no es suficiente la política social”, “para asegurar condiciones sociales de mayor calidad, lo más importante, es el dinamismo de nuestra economía”, que dependerá de la instrumentación de las reformas “estructurales” que generarán oportunidades y mejorarán los ingresos de las familias. Ceguera ante la realidad mexicana, asegura que sus reformas “lloverán beneficios a todos”. Falacia neoliberal. Tiene bajo su responsabilidad a una sociedad fracturada, la mitad de la población en pobreza, sometida a una dominación que le impide toda posibilidad de mejoramiento; a esa sociedad en la más brutal injusticia social, le dice que la política ha sido insuficiente, cuando ha sido un fracaso.

Atacar la pobreza y desigualdad requiere de una política frontal. Oxfam destaca el problema de la concentración del ingreso como factor determinante. De acuerdo con diversos estudios, el 10% más rico concentra el 64% de la riqueza del país. En otra estimación establece que, de una amplia muestra, el 1% más rico se apropia del 21% del ingreso, en tanto que en otros países fluctúa en promedios cercanos al 10%. El crecimiento de la desigualdad tiene profundas consecuencias políticas, económicas y sociales, el mercado interno se ve debilitado, ante la escasez de recursos se recorta el capital humano.

Oxfam imputa la desigualdad al poder económico y político de la élite que impone políticas públicas para su beneficio, lo llama “la captura” del Estado, legalizando privilegios: políticas favorables para los de mayores ingresos, política fiscal contradictoria a una economía desigual, diseñada para impedir efectos redistributivos; en el inicuo reparto entre capital y trabajo, de 1981 a 2012, el capital aumentó su beneficio del 62% al 73%, a costa del trabajo que bajó del 38% al 27%, el capital se apropia de la mayor porción del valor agregado; el poder de compra del salario mínimo disminuyó drásticamente en las últimas décadas, la férrea política pro-empresariado mantiene al salario mínimo debajo de la línea de pobreza; canasta básica inalcanzable, desacato a la Constitución. No es el resultado de una anodina definición de “captura del Estado”, es la entronización de una oligarquía voraz que gobierna para sus intereses, mediante complicidades con funcionarios de todos los niveles, en una corrupción generalizada que incorpora a políticos y funcionarios a la plutocracia dominante. No es que la política social sea insuficiente para atacar a la pobreza, es la política pública deliberada que establece el acaparamiento de la riqueza nacional como su objetivo central.

Senador de la República