El debate sobre la política de alianzas de los principales partidos políticos está resultando interesante y revelador. No puede negarse su importancia cuando lo que caracteriza a la sociedad actual es la pluralidad de opciones y la necesidad de construir consensos que generen gobernabilidad y ofrezcan resultados a los ciudadanos.

Para nosotros esa es la cuestión central. Concebimos las coaliciones electorales como un primer paso hacia la construcción de gobiernos estables que generen los cambios que la sociedad espera de los procesos democráticos.

Obviamente, para que eso suceda las alianzas deben sustentarse en acuerdos y líneas programáticas claras para los electores; que al depositar su voto estén optando por un programa de gobierno sobre el cual podrán llamar a cuentas a sus gobernantes. En fin, para que nadie resulte engañado.

Cierto, hay pragmatismo en las alianzas pero ese no es el problema, sino la demagogia con la que algunas se construyen cuando aseguran que son necesarias para derrotar al PRI porque éste quiere instaurar un régimen autoritario, pero postulan a priístas resentidos u obsesionados con una candidatura que no alcanzaron en su partido original.

Supuestamente, el propósito de esas alianzas es ganarle al PRI sin importar qué pase después. En realidad, en muchos casos, lo que hacen es entronizar al PAN, como en Baja California, donde el PRD le garantizó a su aliado 26 años de gobiernos con resultados desastrosos. De ahí que esas alianzas conduzcan al extravío de propósitos, a disputas por cargos, al desorden y, a la postre, a la ingobernabilidad. Hemos citado ejemplos como el de Guerrero, con el gobierno que dio pie a sucesos tan lamentables como el de Iguala, pero hay otros más.

Cuando tramposamente algunos aluden a los procesos de alianza que existen en otros países, como por ejemplo de Europa, no se menciona que su fin es formar gobiernos, no ir a elecciones. Por eso, en México, todos los partidos ya votamos a favor de crear mayorías estables a partir de gobiernos de coalición, figura que integramos en nuestra legislación. Nos falta avanzar en su reglamentación.

Es el mecanismo que nosotros consideramos viable para darle gobernabilidad al país en el marco de nuestro régimen presidencial. Por eso nos hemos pronunciado en contra de la segunda vuelta o de la adopción de un régimen parlamentario que a nuestro juicio no es acorde a nuestra realidad histórica ni abonaría a la gobernabilidad, como sí lo haría la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, que garanticen estabilidad social, política y económica.

Ese es el tema de fondo en la discusión. Nosotros pugnamos por formar gobiernos estables, con base en proyectos coincidentes en lo fundamental, no sólo coaliciones coyunturales. Esto se manifiesta en el trabajo parlamentario. Simplemente hay que preguntarse ¿cómo piensan gobernar partidos que en el Senado, por ejemplo, sólo votaron coincidentemente el 4% de los decretos en los que no hubo consenso durante el primer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura? En cambio, el PRI y sus aliados, PVEM y Panal, lo hicieron de la misma forma en el 96% de los casos.

Por otra parte, cuando hablamos de la “política de cambalache” nos referimos a ese desprecio por la militancia de cada uno de los partidos, porque los consideran intercambiables: los pocos o muchos de un estado a cambio de los del otro partido en uno o dos estados en los que se requiera asegurar su sobrevivencia; es decir, por conveniencia partidista y no a favor de un proyecto de gobierno que beneficie a la población.

Ejercer el debate y la crítica a ese tipo de alianzas no implica obstruirlas, ni mucho menos justifica la falta de autocrítica de algunos dirigentes que acusan al PRI de impedirlas para ocultar su incapacidad de concretarlas y sus posteriores fracasos electorales.

Como partido realmente nos interesa asegurar condiciones de gobernabilidad democrática que reporten resultados a la ciudadanía, no sólo ganar elecciones encubiertos en la incongruencia y en la demagogia.

Presidente nacional del PRI

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