Mi hijo muerto por bala de Fuerzas Armadas

En discusiones sobre el uso de balas y proyectiles contra manifestantes, no son pocas las reacciones que en defensa de las Fuerzas Armadas aseguran que las muertes de adultos y menores civiles a manos de soldados o policías son accidentales y que hablar de un “ataque contra la comunidad” resulta exagerado. Es sencillo opinar así cuando el niño muerto o la pequeña a punto de fallecer no son hijos nuestros ni forman parte de nuestra familia. Desde un acomodado escritorio podemos hablar de la necedad de los manifestantes, desconfiar de las autodefensas o justificar que los soldados disparen para romper el bloqueo, porque nuestros hijos, nietos y sobrinos están a salvo.

Cuando una comunidad se organiza para protestar, no lo hace como un evento de entretenimiento con el que pretende incomodar a terceros, sino como una de las últimas alternativas para exigir el respeto de sus derechos. Responder con disparos de cualquier índole puede acabar con la vida de quien pacíficamente ejerce su derecho a manifestarse. Imaginemos a qué han estado expuestas comunidades como Aquila, en la que sus habitantes se han sentido desamparados e incluso enfrentan la impunidad de la intersección entre autoridades e integrantes del crimen. La organización de las autodefensas respondió necesariamente al desamparo en que las autoridades mantuvieron a varias comunidades michoacanas. El bloqueo que fue efectivamente disuelto con balas del Ejército tampoco era un evento ocioso para la comunidad de Aquila, sino que exigían la liberación de su líder Semeí Verdía Zepeda.

La detención de los líderes de las autodefensas se ha llevado a cabo una vez que han hecho públicos sus señalamientos sobre la relación estrecha del crimen organizado con algunos funcionarios de las cúpulas del gobierno estatal y municipal. Así el doctor Manuel Mireles cayó de la gracia de las autoridades y fue detenido sin que se presentaran pruebas suficientes de su culpabilidad. A pesar de que la Procuraduría General de la República se desistió del último amparo, Mireles permanecerá en la cárcel ahora que el juez dictó ya el auto de formal prisión. Parece que el mismo destino le espera a Verdía Zepeda. Mientras tanto los templarios siguen moviéndose en el terreno impune que los ampara.

El mismo día que Silvano Aureoles, gobernador electo de Michoacán, se reunió con los mandos militares, lanzó declaraciones en las que asegura (como si hubiera escuchado también a las víctimas) que la muerte del menor no fue por bala de las Fuerzas Armadas. Los testigos presenciales aseguran lo contrario. Heriberto Reyes García, de 12 años, murió porque una bala del Ejército entró por la ventana de su casa. Además Nataly Pineda Reyes de 5 años, recibió un impacto en el abdomen. ¿Si los menores agredidos fueran hijos de Silvano Aureoles o nietos del general Cienfuegos liberarían de su responsabilidad a quienes instruyeron los disparos?

Las advertencias contra las consecuencias que traerían las leyes estatales que permiten el uso de armas de fuego y proyectiles “no letales” para disolver manifestaciones han pasado desapercibidas. Los gobernadores que se habían comprometido a hacer los cambios inmediatos para impedir que se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos que en su derecho a manifestarse toman vías públicas, no han cumplido.

Es imperante que los “nuevos” legisladores locales y federales tomen cartas en el asunto y consideren la prohibición general de armas en las manifestaciones. ¿Cuántos niños muertos esperamos tener para prohibir el uso de cualquier arma de fuego o de impacto letal en los procesos de disolución de protestas sociales por parte de las autoridades?

Aunque para muchos los menores asesinados son un saldo inevitable de la aplicación del orden en manos del Estado, para otros más, entre los que me encuentro, el orden del Estado debería tener como prioridad garantizar la integridad de todos sus ciudadanos y sobre todo la vida de los niños y las niñas mexicanos, que no sólo habitan sitios de violencia en manos del crimen, sino que carecen de la protección de sus autoridades más inmediatas.

Analista política y activista ciudadana