Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos el 6 de junio de 1997, torturados y obligados a declararse culpables. Luego de más de una década, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Emilio Álvarez Icaza como Secretario Ejecutivo, presentó el caso a la Corte Interamericana.

El Estado Mexicano alcanzó un “acuerdo amistoso” que consistió en pagar a las víctimas una cantidad millonaria que no fue revelada en la sentencia, sin embargo en el punto 96 se estableció:

México se comprometió a entregar las cantidades que constan en el acuerdo por concepto de reintegro de las costas y gastos a la abogada Maria del Pilar Noriega García y [...] a CEJIL [... por] las erogaciones realizadas en la gestioìn de este caso desde el momento de la detencioìn de las viìctimas el 6 de junio de 1997 y hasta el trámite ante la Corte Interamericana, en los términos y condiciones indicadas en dicho acuerdo.”

Curiosamente, la abogada María del Pilar Noriega García, beneficiaria de los pagos del Estado Mexicano a las víctimas fue también la primera visitadora de Emilio Álvarez Icaza durante su paso como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF. ¿Conflicto de interés?

Pero más indignante resulta el caso del dinero recibido por CEJIL, la organización que durante los primeros años defendió a García Cruz y Sánchez Silvestre, cuyo abogado en aquel tiempo era Juan Carlos Gutiérrez Contreras, pero que en el momento en que la CIDH de Álvarez Icaza tomó el caso laboraba como Titular de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Documentos oficiales publicados en mi sitio web, dan cuenta de la excusa de Gutiérrez para conocer del caso Cruz y Silvestre, pese a ella, el funcionario participó, perdió ante la CIDH, recibió una suma importante de recursos económicos por lo que luego fue sancionado con una inhabilitación por diez años como funcionario público.

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Despedido de Gobernación, Gutiérrez Contreras encontró trabajo muy pronto, hoy preside la fundación IDEAS que, ¡vaya coincidencia!, fundó Emilio Álvarez Icaza.

Son al mismo tiempo abogados y jueces. Inquisidores.

¿Quién pompó?

Curiosamente, casi todas las ONGs donde Emilio Álvarez Icaza ha tenido participación son financiadas por la Open Society del especulador George Soros, sí, del mismo que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra en el 92 para ganar la friolera de mil millones de dólares y que se dedica a desestabilizar gobiernos para la vieja máxima de comprar barato y vender caro.

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