Corrupción, rendición de cuentas y libre empresa

El ejercicio público en una sociedad moderna debe destinarse a facilitar que las fuerzas sociales puedan desarrollarse en completa libertad, así como a favorecer el crecimiento y a sus principales protagonistas, los emprendedores. Las leyes y las instituciones deben promover un clima de libre concurrencia en el que sea el talento, la sagacidad y la estrategia la que determine la mejor distribución de los factores económicos, para tener como resultado un incremento en el bienestar general.

Aún queda trabajo por hacer para alcanzar este nivel, sin embargo, las políticas y los programas públicos desarrollados en lo que va de este siglo apuntan en esa dirección. Por ello, ante la actual situación económica debemos entonces preguntarnos qué factores adicionales limitan el ejercicio de la libre empresa en México.

Desde el punto de vista estatal podemos apuntar a dos factores; el primero es la vulnerabilidad existente en el ámbito de interacción entre los sectores privado y público, tanto para montar una empresa como en el proceso de compras de bienes y servicios por parte del gobierno. La otra es, desafortunadamente, la corrupción que de ello se deriva.

Cuando el Estado interviene en el proceso económico genera una serie de distorsiones que alteran el funcionamiento normal de los negocios. Si esta intervención se significa por múltiples capas de burocracia que no están sujetas a un ambiente de control adecuado, la distorsión no sólo se da en cuanto a lo económico, sino que adquiere un fondo social.

Algunos empresarios han optado por la falsa expectativa de incurrir en actos de corrupción aduciendo que es un mal menor, o la única solución para superar la tramitología y hacer más expedito el proceso, pero con ello solamente contribuyen a agravar el problema.

La corrupción afecta todo lo que toca, tanto el que recibe un soborno como el que lo da forman parte de una cadena que impide que nuestro país avance. Este fenómeno se repite en muchas instancias de la vida cotidiana, lo que hace que el ciudadano acepte como algo normal circunvenir las leyes, sabiendo que, de un modo u otro todos lo hacen. El resultado final es desastroso.

Considero que la transparencia y la rendición de cuentas representan instrumentos de un gran alcance para minimizar estas prácticas y sus efectos en la sociedad. Cuando no existe opacidad tras de la cual ocultarse, cuando el funcionario sabe que sus decisiones serán revisadas y que cualquier acción fuera de la norma tendrá consecuencias, el incentivo a corromperse disminuye notablemente.

Desde el punto de vista de la fiscalización superior no es fácil detectar actos ilegales, puesto que estos no quedan reflejados en documentación oficial. Es por ello que la Auditoría Superior de la Federación decidió suscribir un convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, con el fin de que ambas instancias intercambien información y experiencias acerca de las relaciones que se entablan entre el sector público y el privado, y que faciliten la denuncia ciudadana de cualquier acto irregular.

Si queremos ofrecer a los empresarios nacionales y extranjeros una imagen de confiabilidad, seguridad jurídica y honestidad, es necesario que todos nos comprometamos a actuar, decididamente, en contra de la corrupción.

Auditor Superior de la Federación