A juzgar por los acontecimientos que estamos viviendo y por lo que vimos en los procesos electorales locales de 2017, la elección del próximo año pondrá a prueba no sólo la fortaleza de la institucionalidad electoral, sino también, y quizá en mayor medida, los avances que en materia democrática se han tenido en nuestro país. Es innegable que en la estrategia deliberada de desinstitucionalización de ciertos actores políticos, se cierne el mayor riesgo para nuestra joven democracia.

La elección de 2018, será la primera elección presidencial después de la segunda alternancia y se pondrán a prueba nuevas figuras jurídicas. Seguramente tendremos uno o varios candidatos independientes a la Presidencia de la República (ha habido candidatos independientes a diputados, alcaldes, gobernadores, pero por primera vez, casi con seguridad, los habrá a Presidente). También, por primera vez, los legisladores federales que resulten electos podrán optar a la reelección en el siguiente proceso electoral. Otra innovación es la campaña de empadronamiento que se está llevando a cabo más allá de nuestras fronteras, con el objeto de que los mexicanos que radican fuera del territorio nacional puedan ejercer su derecho a votar; esto hará que aumente significativamente el número de votos que llegan desde el exterior, y, en una elección muy competida como la que se ve venir, podrían ser estos votos los que terminen definiendo el resultado electoral. Son todas ellas figuras que no encuentran antecedentes en sistema electoral mexicano. Por si todo esto fuera poco, el contexto en que habrán de desarrollarse las elecciones se vislumbra altamente competitivo, por lo que, si aspiramos a continuar en la normalidad democrática, deberemos ser capaces de sortear los riesgos que traerá aparejada la elección.

Entender las características de la elección de 2018 e identificar sus notas preocupantes es un ejercicio que, como sociedad, no debemos obviar. Si queremos que nuestra joven democracia se siga fortaleciendo, debemos, como condición necesaria, detectar los riesgos que se ciernen en el horizonte. Así las cosas, las peculiaridades del proceso, los nuevos retos, los problemas que no han quedado resueltos (basta con mencionar que las impugnaciones al proceso electoral del estado de Coahuila del mes pasado, se podrían resolver hasta el mes de diciembre cuando, casi seguramente, estará decidido quienes serán los candidatos a la Presidencia de la República) nos deben de hacer conciencia de que el proceso electoral del próximo año no será un proceso más y puede poner en riesgo mucho de lo que como sociedad hemos logrado para consolidar nuestra democracia.

Los demócratas tenemos el deber moral de cuidar la elección y de defender la democracia frente a los embates involucionistas. El pluralismo democrático que tanto enriquece a nuestro país, no debe de ser obstáculo para un acuerdo compartido por todos: que la democracia, con todos sus defectos, es el mejor sistema de gobierno posible. Ese debe de ser el piso mínimo en el actuar de los partidos políticos y de los candidatos, y también debe de ser la mínima exigencia de la sociedad.

Es cierto que aún falta mucho para las elecciones de 2018, pero lo que estamos viendo en otros países (Venezuela, por ejemplo), nos debe de hacer pensar que la democracia que hemos conquistado no es un logro permanente, que no necesariamente nos va a durar para siempre, que tenemos que cuidarla y trabajar para mantenerla. Tenemos muchos problemas no resueltos, pero no podemos dejar de lado que el país es estable en lo político, en lo económico y en lo social. Es muy importante que esa estabilidad no se ponga en riesgo por la tensión electoral. Vale la pena concentrar las energías políticas y sociales en la preservación del sistema democrático para evitar una regresión autoritaria.

Abogado.
@jglezmorfin

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