Oaxaca: el primer paso

Sin duda, una de las noticias más importantes de los últimos días ha sido la decisión del gobierno federal de recuperar el control del sistema de educación pública de Oaxaca. Quitar de manos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabilidades que nunca debieron dejar de ser potestad de las autoridades gubernamentales, ha sido reconocido ampliamente por la opinión pública como un acierto de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con varias encuestas publicadas en los medios, seis de cada diez personas aprueban esta medida. Ocho o nueve de cada diez, dependiendo de la encuesta, están de acuerdo en que los profesores se sometan obligatoriamente a evaluaciones.

Esto no debe sorprendernos. En realidad, la reforma educativa es la que más apoyo popular tenía desde el arranque del gobierno. Como ocurre en todo el mundo, la reforma fiscal fue tremendamente impopular por el aumento en los impuestos. La reforma energética dividió opiniones. Pero la reforma educativa es, sin duda, la que tiene mayor impacto en el corto plazo en la vida cotidiana de las familias mexicanas, que exigen y merecen una formación académica de mayor calidad para sus hijos y por eso era fundamental que tuviera éxito.

Con esta disposición, el gobierno federal toma una definición que la sociedad le venía exigiendo desde hace meses: que volviera realidad el discurso de que es un gobierno que está dispuesto a enfrentar intereses particulares para velar por el interés general. Todos deseamos que hayan quedado atrás las dudas, las indefiniciones y las estratagemas políticas opacas, como aquella decisión inopinada y unilateral de la SEP de suspender las evaluaciones unos días antes de las elecciones del 7 de junio, para luego reanudarlas sin mayor explicación. Ese tipo de acciones, tomadas de espaldas a la opinión pública, sólo generan confusión y desaliento. De ahora en adelante, la transparencia será esencial para fortalecer la confianza de la sociedad, tan lastimada en el último año.

La prueba para la reforma educativa, sin embargo, apenas inicia. Oaxaca es un saludable primer paso, pero es eso: el primero de muchos. La situación de la educación en Guerrero, Chiapas y Michoacán enfrenta, cada uno en su contexto, desafíos tan enormes como los que se viven en Oaxaca. Y en este estado la historia todavía está lejos de terminar. A pesar de la ofensiva jurídica y mediática contra la abusiva dirigencia de la CNTE, es de esperarse que ésta recurra a las tácticas que ya conocemos: presión a través de marchas, bloqueos y plantones. El riesgo de que las manifestaciones suban de tono y adquieran tintes violentos es elevado. La suma de grupos inconformes con otras agendas, unas más legítimas, otras menos, es algo que puede ocurrir en las próximas semanas conforme se acerca el tercer informe de gobierno del Ejecutivo federal. Y, desde luego, la presencia de actores políticos que buscarán sacar raja política de esta situación termina de complicar las cosas.

Lo más importante es lograr tres cosas: uno, garantizar que haya clases para los niños, lo que requiere que no se dé un paso atrás con el tema de los pagos condicionados a la asistencia al trabajo, como ocurre en cualquier país civilizado. Dos, lograr a través del dialogo que la mayoría de los profesores vean los incentivos a la desmovilización política. Esto requerirá de verdadera capacidad de interlocución. Y tres, encontrar salidas dignas en lo económico y lo social a aquellos profesores que se queden sin plaza por no estar donde tienen que estar, que es dando clases a los niños de su estado. Es fundamental que la gente afectada en sus intereses por la medida encuentre un camino legal y legítimo de salida a su situación. El gobierno necesitará demostrar que está a la altura de este desafío, por el bien de nuestros niños y por el bien de México.

Diputado federal por el PAN.

@jglezmorfin