Legislar el voto nulo

En la elección federal de este año resurgió un movimiento en pro del voto nulo deliberado (o voto blanco) como opción a la abstención para quien ningún partido o candidato resultara convincente, o en lugar de votar sin convicción. Se apelaba a él como forma de presión para que los partidos incorporen nuevos instrumentos de control ciudadano para exigirles cuentas. No se trata de destruir la actual partidocracia, sino transformarla en una auténtica democracia representativa. Cierto que ya hay algunas figuras de participación y control ciudadano, pero muchas de ellas han sido desvirtuadas (como la reelección con candados o la consulta popular inaplicable).

El movimiento anulista de este año provocó como reacción una campaña contra el voto nulo, no por parte de los abstencionistas a quien iba dirigida la convocatoria de anular, sino de los múltiples defensores de la partidocracia (a la que muchos ciudadanos legitiman primero, y luego le reclaman que ponga oídos sordos a las demandas ciudadanas). Esa campaña contra el voto nulo incluyó imprecisiones y francas mentiras sobre los perversos efectos del voto nulo, como que incrementaría el financiamiento de los partidos (lo que llevó a muchos anulistas potenciales a optar mejor por la abstención). Se cuestionaba que el voto blanco no tiene efectos jurídicos, pero justo había que mandar el mensaje, sin el cual no hay receptor, ni respuesta.

El reclamo emitido por dos millones de anulistas fue al menos recogido por un legislador, Agustín Basave, aspirante a la dirigencia nacional del PRD. Entendió el malestar y el desencanto de anulistas y abstencionistas. Y a partir de ello, recién presentó una iniciativa para dar valor legal al voto blanco; se trata de restar los votos blancos de la lista nominal, de donde surgiría el presupuesto para los partidos. Era ésta una de las principales demandas del movimiento anulista. Afirma Basave en sus iniciativas de reforma constitucional y legal: “Si en una democracia la razón de ser del voto es escuchar y atender la voluntad del ciudadano constituido en elector, entonces no debe coartarse su acción de protestar contra el sistema de partidos. Hacerlo implica agudizar la crisis de representatividad que, en México y en el mundo, amenaza con provocar el declive de la democracia”. Una visión más democrática y abierta que la que prevaleció en 2009 y este mismo año. Dice también que el objetivo de esa norma es “crear un mecanismo correctivo para depurar el sistema de partidos… La democracia no puede funcionar sin partidos, pero si esos partidos no tienen incentivos para mantenerse cerca de la ciudadanía que aspiran a representar, acabarán erosionándose inexorablemente”. “Atar el financiamiento público al número de votos obtenidos por los partidos es una forma clara y unívoca de decirle al ciudadano que cuenta con una palanca para moverlos a responder a su hartazgo”. “Cuando el elector participe manifestando con claridad su rechazo a la totalidad de la oferta política, no se le debe ignorar y se les debe pasar factura a los responsables de definir una oferta política deficiente”. “Habrá un poderoso aliciente para enmendar el comportamiento de los actores políticos”. “Además, esta iniciativa busca estimular la participación ciudadana expresada en el sufragio vis a vis el abstencionismo”.

Basave entendió el sentido y propósito del movimiento anulista. Se decía contra ese movimiento que la clase política sería sorda a él. Al menos un legislador entendió el alejamiento de muchos electores respecto de los partidos en general, y la oportunidad de corregirlo dando a los ciudadanos mecanismos de control y sanción ante el desinterés de los partidos por sus representados. Desde luego, sin presión los partidos no responden a nada que no les convenga, menos tratándose de su gigantesco financiamiento.

Profesor del CIDE.
www.trilogiadelaconquista.com