El colmo de la corrupción

Javier Duarte y otros gobernadores de su misma generación son el mejor ejemplo que ilustra a la corrupción como un problema estructural, legal, institucional y procedimental antes que cultural.

Sus recientes declaraciones en las que nos hace saber su austero nivel de vida, así como el patrimonio que ha acumulado como servidor público, no tiene consistencia alguna con el desvío de recursos del que ha sido acusado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por más de 35 mil millones de pesos. Es un escándalo y un delito, en caso de ser probada la posible responsabilidad.

Dos casas y tres carros de mediano costo, que no sobrepasan los tres millones de pesos, nos hacen pensar en que hay una gran injusticia en contra del honor de este peculiar gobernador jurista, o bien que estamos frente a un gran cínico, que advierte a los cuatro vientos que, pase lo que pase, en el futuro inmediato a él no le van a encontrar patrimonio alguno que pueda ser objeto de confiscación ni de prueba material que lo comprometa a pasar un buen rato en la cárcel.

Independientemente del desafío personal que asume Duarte frente a diversos actores locales y nacionales, sus declaraciones ofrecen una ventana de oportunidad para probar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en tres vertientes.

En primer lugar, para demostrar que el diseño institucional del nuevo marco anticorrupción es el adecuado, porque sus nuevas reglas y procedimientos están hechos para tener consecuencias y sanciones frente a cualquier manifestación de abuso de poder. Quiero pensar que el Sistema fue creado sin ingenuidades, para sobreponerse ante cualquier trampa o simulación, que busque esconder fortunas mal habidas. Por supuesto que el gobernador Duarte se debe presumir como inocente hasta que no se pruebe lo contrario, sin embargo, las sospechas son tantas como las denuncias penales que se han interpuesto contra el Gobierno de Veracruz, por desviación de recursos no acreditados.

En segundo lugar, el Sistema pondrá a prueba todo el capital humano de los distintos órdenes y niveles de gobierno que lo conforman, para que de manera ordenada y coordinada se construyan expedientes judiciales sólidos, técnica y legalmente hablando. Expedientes que integren todos los elementos de prueba necesarios para que las autoridades judiciales resuelvan sin dudas y con toda contundencia, en aquellos casos que se acredite la barbarie de la corrupción.

En tercer lugar, queda tal vez el reto más importante. La voluntad de la autoridad para que el Sistema funcione adecuadamente con la independencia que requieren los nuevos fiscales, así como con la necesaria infraestructura humana y administrativa que van a requerir las diversas instituciones que integran al Sistema Nacional.

El gran problema del Estado de Derecho en México es que la ley no siempre se cumple, aún y cuando tenemos leyes de todo y para todo. En el caso de los gobernadores que hoy son objeto de serios señalamientos por presuntos actos de corrupción, se presenta la ocasión para que un nuevo marco de leyes e instituciones, hagan justicia y sienten un precedente ejemplar en contra del abuso y del exceso. Para ello hay que hacer valer lo que el nuevo marco legal establece con claridad: aplicar la ley.

El colmo sería que el nuevo sistema anticorrupción fuera corrompido con mañas y trampas, para que todo siga igual y sin consecuencias. Entonces, es muy probable que aparezcan mas Duartes en el futuro.

Académico por la UNAM