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Al concluir las campañas para tres gubernaturas, se ratifica la pobreza del debate sobre políticas públicas en México. El problema no es exclusivo de esas tres entidades, sino una característica del país en las últimas décadas, quizá desde las crisis de los noventa.
De los muchos temas ausentes del debate, destaca el de las finanzas públicas. La ciudadanía se quedó sin conocer la visión de su futuro(a) gobernador(a) acerca de la relación política y financiera con la Federación y con los municipios.
La precariedad fiscal de México es bien conocida. Mientras en la OCDE, los gobiernos estatales recaudan 5.3% de PIB, en México sólo 0.7%; los municipios de la OCDE 2.4%, y en México 0.2%; y la seguridad social 8.0% frente a sólo 2.9%.
Debe reconocerse que, por primera vez en varias administraciones, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo real para mejorar la recaudación, a pesar de su autoimpuesta restricción de no generalizar el IVA. De ahí que haya recurrido a la disminución de deducciones y al aumento de impuestos a las gasolinas como fuentes de recaudación. Entre 2012 y 2016, los ingresos tributarios aumentaron de 8.4 a 13.9% del PIB.
Ese resultado positivo derivó del énfasis que el SAT puso en una mejor administración, con base en la modernización tecnológica. En 2012, 40% de los ingresos públicos derivaban del petróleo; hoy, menos de 10% provienen de la renta petrolera. Como efecto de mayor eficiencia recaudatoria, en 2016 los ingresos tributarios fueron 2.8 billones de pesos, 11% más en términos reales que en 2015.
La estrategia tributaria también logró multiplicar el número de contribuyentes con RFC, de 38 millones en 2012, a más de 58 millones ahora. Además, en ese mismo lapso, el número de empresas que pagan impuestos al SAT pasó de 500 mil a 5.5 millones. Un factor decisivo para esos logros fue la mejor y mayor información de que ahora dispone el SAT, a partir de instrumentos como la factura electrónica, declaraciones prellenadas, la firma y auditorías electrónicas, entre otros. Asimismo, ahora el SAT puede detectar fácilmente operaciones simuladas e identificar causantes incumplidos y empresas que facturan operaciones inexistentes.
Lamentablemente este esfuerzo, que aumentó la tributación de 9.7 a 13.9% del PIB (+4.2) entre 2013 y 2016, apenas compensó la caída de los ingresos petroleros, de 5.4 a 1.6% del PIB en ese periodo (-3.8). Por razones externas, corrimos para permanecer en el mismo lugar. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera hecho ese esfuerzo de recaudación?
La gran omisión y error estratégico de la política tributaria radica en que se ignoraron los ingresos de los gobiernos estatales y municipales, además del faltante hecatómbico de recursos de los esquemas de pensiones, que en 2016 obligó al gobierno federal a dedicar 3.3% del PIB para apoyarlos (en comparación con 3.7% del total de subsidios y transferencias). Además, ese apoyo continuará aumentando con rapidez en los próximos años.
En México, durante décadas, los estados y municipios prácticamente no recaudan. Se les ha acostumbrado a vivir de participaciones en impuestos federales, y de aportaciones a programas que se adecúen a los requisitos de la Federación. Eso no cambió durante esta administración. La recaudación estatal por impuestos aumentó, de 0.3% del PIB en 2012 a 0.4% en 2015. Un esfuerzo insignificante e insuficiente. Por su parte, la de los municipios se incrementó de 0.22% del PIB a 0.25%; de nuevo, irrelevante e irrisorio. ¿Creen los nuevos gobernadores que podrán subsistir extendiendo la mano de dádivas de la Federación?
Como resultado neto de todo lo anterior, la falta de ingresos se contrarrestó con una reducción continua de la inversión física del gobierno, sobre todo federal, que disminuyó de 4.4 a 3.7% del PIB entre 2012 y 2016, con el consecuente impacto negativo en el crecimiento, de corto y mediano plazos.
Campañas van y vienen, y este tema continúa como un pendiente central para la contienda hacia la presidencia en 2018. Los candidatos a la Presidencia no podrán eludir dar a conocer sus puntos de vista sobre la precariedad fiscal de México.
Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
