De los temas más relevantes que debe abordar la Constitución de la Ciudad de México es el de agua y su saneamiento. El documento El Agua en la Ciudad de México, elaborado por el Sistema de Agua y Saneamiento del gobierno de la Ciudad deja muy clara la gravedad del problema del agua. La situación anticipa una crisis hídrica, resultado de muchas décadas de que el agua no ha recibido la prioridad que amerita y, consecuentemente, de que se han pospuesto u omitido inversiones indispensables para un abasto adecuado de agua de calidad y su saneamiento.

La Ciudad no tiene un “sistema” de agua y saneamiento. Tiene varios subsistemas, para colonias específicas, no interconectados, que representan una gran vulnerabilidad en caso de que se interrumpa alguna fuente de suministro, del acuífero del Valle de México (sobreexplotado), del sistema de pozos en el Valle de Lerma, o del sistema Cutzamala. El acuífero del Valle aporta 56% del agua fresca, de aproximadamente 450 pozos, a partir de los cuales se surten redes de extensión limitada, y que no están interconectadas. Por eso, cuando se da un desperfecto en alguno de los pozos, el suministro no puede darse del pozo de una colonia contigua, lo que explica muchas interrupciones de suministro.

La importancia del sistema Cutzamala, que provee 30% del agua, tiene otras implicaciones delicadas. Cuando se interrumpe el suministro, la red troncal de la Ciudad se vacía y, cuando se recarga, se dan riesgos de su ruptura, lo que hace que se utilice por debajo de su capacidad. Esto contribuye también a interrupciones e insuficiencias en el suministro. La Ciudad de México es la única metrópoli que se ubica en una cuenca cerrada (endorreica), por lo que todas sus salidas son construidas por el hombre, con el costo correspondiente.

En el documento se explica que para evitar que en los próximos años se presente un “colapso hídrico”, son necesarios: un programa de mediano plazo con visión de cuenca para reforzar y ampliar la infraestructura para captar y distribuir agua; ejecutar las inversiones consideradas en dicho programa; y diversas medidas que mejoren la confiabilidad del sistema. Agrega que para lograrlo son necesarias inversiones del orden de 6 mil millones de pesos (mdp) por año, adicionales a los 2 mil mdp que hasta ahora se invierten cada año. Sólo para mantenimiento y reposición de infraestructura se requieren 4.9 mil mdp. Son evidentes el reto administrativo y la carga financiera que esto representa para la Ciudad de México.

Hasta hoy, el suministro y saneamiento del agua en la Ciudad de México lo realiza una “dependencia” del gobierno de la Ciudad. Debido a ese carácter, en sus decisiones intervienen, además de la Asamblea Legislativa, seis de sus dependencias: la Secretaría de Medio Ambiente; la Oficialía Mayor; la Secretaría de Finanzas; la Subsecretaría de Egresos; la Procuraduría Fiscal y la Tesorería. Esa arquitectura institucional se traduce en un servicio insatisfactorio. Por tanto, es indispensable que en la próxima Constitución se defina una arquitectura institucional distinta, acorde con las mejores prácticas a nivel mundial. Esto implica, entre otras cosas, crear un organismo responsable de suministrar el preciado líquido y de su saneamiento. Para lograrlo, dicho organismo debe contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna; también deberá ser responsable de establecer las tarifas, que permitan sufragar sus gastos operativos y su programa de inversiones de largo plazo, haciéndolo financieramente sustentable, y capaz de hacer efectivo el derecho humano al agua.

El proyecto de Constitución incorpora algunos de estos elementos, pero no todos, los presenta dispersos en distintas partes del texto, y con ciertas inconsistencias. Para el Consejo Consultivo del Agua (CCA) éste es un asunto de la mayor importancia. De ahí que haya estado y esté abierto a intercambiar ideas con el grupo redactor del Proyecto de Constitución. El asunto amerita toda la atención del Congreso Constituyente y de la ciudadanía.

Economista

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