¿Ajuste fiscal sin más ingresos?

El escenario económico y político de México se perfila como una verdadera tormenta perfecta. Confluyen una economía internacional convulsa, con grandes incertidumbres, diversos conflictos geopolíticos, una difícil elección presidencial en EU, un deterioro de la seguridad, errores del gobierno federal, un hartazgo con la corrupción, una economía con crecimiento insuficiente, y una crisis profunda de las finanzas públicas, detonada por el impacto de una reducción sustancial del precio del petróleo, en una hacienda pública muy petrolizada. Todo eso ha contribuido a un deterioro sin precedente de la imagen presidencial, aunada a la idea de gobiernos débiles que se retroalimenta con todo lo anterior, en especial con la crisis de finanzas públicas.

En este escenario, cada día es más claro que el ajuste fiscal anunciado para 2017 es insuficiente. Su principal deficiencia radica en plantear un ajuste que sólo abarca reducir el gasto, y no aumentar ingresos. Esta misma deficiencia se observó en la “reforma fiscal” de 2013, pues se excluyeron medidas impositivas de fondo, como la generalización del IVA, acompañada de compensaciones focalizadas para las familias de menores ingresos. Se le denominó “reforma fiscal”, pero de hecho, se limitó a cambios en algunas disposiciones del gobierno federal en materia de impuestos.

Como resultado, se estima que la recaudación tributaria no petrolera del gobierno federal aumentó de 9.7% del PIB a 13.0%, esto es, que la “reforma fiscal” tuvo un efecto recaudatorio de 3.3%. Sin embargo, de ese incremento, 0.2% del PIB respondió a aumentos de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos cuyo consumo se considera dañino para la salud, y 1.7% a los combustibles. Hoy, un litro de gasolina magna cuesta 13.9 pesos, de los cuales 4.1 corresponden al IEPS.

Las deficiencias de esa “reforma fiscal” adquieren mayor relevancia ahora, en el marco de la crisis financiera. Si se analizan los ajustes de finanzas públicas en condiciones de crisis, en el mundo y en México, resulta evidente que éstos combinan reducciones de gastos y aumentos de los ingresos. Como se ha señalado en este espacio, en México tanto el gasto como los impuestos efectivos son muy inferiores al promedio de la OCDE. La brecha de ingresos, esto es la diferencia entre los ingresos totales promedio en la OCDE (34.4% del PIB) y los ingresos totales en México (19.7% del PIB) es 14.7% del PIB. Dichos ingresos son claramente insuficientes para sufragar las erogaciones implícitas en las funciones y actividades encomendadas al sector público mexicano (gobiernos federal, estatales, municipales, y seguridad social), derivadas de la propia Constitución.

Los gobiernos de México continúan negando la “quiebra técnica” de las instituciones de seguridad social, pues carecen de recursos para sufragar servicios de salud de calidad, y sobre todo, para respaldar financieramente sus compromisos de pensiones, lo que pronto desembocará en una crisis social.

Los gobiernos estatales casi no recaudan (0.6% del PIB en comparación con 5.5% en la OCDE). Esto responde a que el acuerdo de coordinación fiscal vigente es anacrónico. La situación de las finanzas de los gobiernos municipales es patética. Salvo contadas excepciones, los gobiernos municipales no recaudan el predial que les corresponde, ni cobran suficiente por los servicios de agua potable y saneamiento.

Parecería que para algunos, la reducción del gasto público no tiene límite, lo cual es una aberración conceptual. Es cierto que hay mucho por hacer para mejorar la eficiencia del gasto del sector público y la rentabilidad social de sus inversiones. Sin embargo, toda revisión de los números de su presupuesto indica que el ajuste fiscal será insuficiente si la reducción del gasto no se acompaña con un aumento de ingresos. Para México, la crisis hace necesario y oportuno aumentar los ingresos tributarios de los tres ámbitos de gobierno, y de los sistemas de pensiones. Se trata de una exigencia que un gobierno responsable no debe dejar pasar, a pesar de la inconformidad que enfrentaría.

Economista