Hace unos días, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que propondrá al Consejo General Consultivo establecer un “pase reglamentado” de las vocacionales de esa institución a sus niveles de educación superior. En otras entidades de educación media superior se ha observado que cuando se presentan demandas de los estudiantes que desembocan en conflictos, éstos se “resuelven” con concesiones que debilitan los mecanismos de evaluación de los estudiantes.

Dada la diversidad de instituciones y situaciones que se presentan, es difícil determinar qué está sucediendo con la educación media superior en México. Cada una es tan distinta en su operación y estructura que es difícil precisar cuál es la política del país en la materia. De hecho, en la propia reforma educativa quedó pendiente este tema.

Esta indefinición se vuelve definitoria del sistema. Las principales instituciones de educación media superior están adscritas a otras de educación superior, por ejemplo las preparatorias y CCH a la UNAM, y las vocacionales al IPN.

Las universidades privadas no están exentas de este proceso, tan contraproducente para la calidad académica. Un antecedente relevante es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a cuyas preparatorias otorga “pase directo” al nivel profesional. Entonces, cuando otras instituciones “compiten” por reclutar estudiantes, las obliga a que ofrezcan “pase automático” a ciertas preparatorias, públicas y privadas.

Es preocupante que mientras uno de los elementos centrales de la reforma para mejorar la calidad de la educación básica es fortalecer la evaluación del desempeño del personal docente y de sus estudiantes, en el otro extremo del sistema educativo nacional la tendencia sea la inversa. Esto es aún más contraproducente en la medida que la última evaluación del INEE sobre los aprendizajes en la educación media superior indica que sólo 36% de los estudiantes de último grado de ese nivel cuenta con las habilidades cognoscitivas en lenguaje y comunicación. El 43.3% no puede relacionar información de textos con conocimientos previos o establecer relaciones causa-efecto.

En matemáticas, la situación es más grave, pues sólo 18.8% de los educandos del último grado cuenta con las habilidades mínimas necesarias. Además, 52.3% sólo pueden resolver problemas con números enteros, es decir, que no pueden realizar operaciones con fracciones o porcentajes, ni resolver problemas que planteen alguna ecuación.

De quienes ingresan a la UNAM, los mejores son quienes lo hacen mediante examen de admisión, no por pase reglamentado. 42.7% de quienes ingresaron por concurso en 2014 presentaron al menos un examen extraordinario durante su educación media superior, mientras que ése es el caso de 61.4% de quienes ingresaron por “pase directo”.

El argumento del Director General del IPN para sustentar su propuesta de pase reglamentado es contrarrestar la corrupción del proceso de admisión. Entonces, la solución no es entrenar al cirujano, sino dejar morir al paciente.

La argumentación de quienes defienden el “pase automático” es que, siendo la institución responsable de la “calidad” de la enseñanza media superior, entonces no se justifica que por un examen de “admisión” pueda rechazarse a un egresado de la media superior que haya sido aprobado. Y esa argumentación se repite y se repite.

La narrativa de este asunto en el país deja claro que, una vez que una institución de educación media superior queda “adscrita” a una institución de educación superior, se desata un proceso para gradualmente limitar, reducir e incluso eliminar los exámenes de admisión a la institución profesional correspondiente. La política nacional en la materia está pendiente.

Economista

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