Pagar bien para gobernar bien

Con el transcurso de los lustros ha cambiado la percepción de la ciudadanía sobre los políticos y funcionarios públicos. Las elecciones recientes son una manifestación más del cada vez mayor rechazo de la población hacia ellos. Diversos indicios apuntan que en México, la “calidad de gobierno” ha disminuido y, peor aún, que continuará haciéndolo.

Los principales factores que explican dicha situación son: i) hoy la sociedad no otorga reconocimiento alguno al servicio público; ii) los resultados en materia económica dejan mucho que desear; iii) el excesivo burocratismo que se ha multiplicado para controlar la acción de los funcionarios públicos (SFP, SHCP, y muchas otras regulaciones); iv) que prevalezca el concepto de “daño patrimonial” del que son víctimas todos los servidores públicos, en el sentido de que una decisión equivocada puede convertirse en una tragedia profesional, económica y personal; iv) la no portabilidad de sus pensiones; y, v) el deterioro de las remuneraciones en el sector público.

Durante lustros no ha habido una verdadera reforma del gasto. Por contra, han proliferado niveles y estructuras redundantes, como unidades, coordinaciones, y direcciones generales adjuntas, además de la proliferación de programas. Ahora se plantea un presupuesto base cero, que por diversos motivos promete tener alcances muy limitados.

Cada vez más, los jóvenes preparados eluden el servicio público. Los motivos son múltiples; pero uno de particular importancia son los bajos sueldos y prestaciones que reciben.

Primero, en términos comparativos, para igual nivel de responsabilidad, un profesionista gana menos en el sector público que en el privado. Por ejemplo, un ingeniero responsable de una refinería de Pemex, activo que vale entre 8-10 mil millones de dólares, percibe como sueldo aproximado 140 mil pesos. Ese mismo individuo, en una planta petroquímica privada ganaría del orden de tres veces más, y qué decir de los secretarios, subsecretarios, y altos mandos del gobierno federal, y de algunos estados. Por lo general, cuando una persona transita del sector privado a un puesto público acepta que ganará menos. Dependiendo del nivel, las reducciones de ingresos pueden ser entre 25 y 300%.

Segundo, con frecuencia se señala que los sueldos de funcionarios públicos mexicanos son más altos que en otros países, lo cual sucede. Es necesario analizar ese hecho. En México, por lo general un funcionario público permanece en un puesto mucho menos tiempo que en otros países. Además, el sistema de pensiones (por estar subfondeado) paga pensiones mucho más bajas que en otros países; la pensión máxima del ISSSTE está topada en 20 mil pesos mensuales. Además, salvo que haga una carrera sólo en el sector público, esa pensión no es portable, esto es, cuando deja el puesto no puede transferir su antigüedad, nivel de remuneración y ahorro al Seguro Social.

Asimismo, cuando un funcionario público deja su puesto y regresa al sector privado, sea independiente o a una empresa, al hacerlo recibe una andanada de críticas, pues básicamente se considera que un ex servidor público no puede ocuparse y generar ingresos, aprovechando legítimamente la experiencia adquirida. En otros países, eso se ve como algo natural y explicable.

Por último, las remuneraciones en el gobierno federal han venido registrando deterioros sustanciales. A precios constantes, en 2015 un secretario de Estado gana, por sueldo y compensación garantizada, 46.2% menos que en 2002, un director general 45.9%, un director de área 45.6%, y un jefe de departamento 48.4%. Este deterioro de las remuneraciones reales de los servidores públicos es una de las principales causas por la cual muchos se resisten a incorporarse al servicio público y, peor aún, muchos lo están abandonando, o considerando abandonarlo.

La carencia de una política de recursos humanos del gobierno es histórica. Un presupuesto base cero debería considerar también la situación de los servidores públicos.

Economista