Política y Derecho: consonancias y disonancias

Entre política y Derecho existe un vínculo complejo, pero indisoluble. El Derecho es producto de acuerdos políticos y la política se rige por las reglas del derecho. Así debiera ser en toda sociedad democrática. La realidad es que, en no pocas ocasiones, la pasión de los actores pretende atropellar las normas que rigen la convivencia política.

Es el caso de la solicitud de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha puesto a consideración de un juez. También de la reacción en contrario, por un supuesto conflicto de interés del Fiscal Santiago Nieto Castillo. En ambos casos, asistimos a un linchamiento mediático que renuncia al análisis de los hechos y prejuzga sobre las actuaciones de uno y otro personaje. Tales actitudes no abonan al desarrollo democrático, a la cultura de la legalidad, ni a la calidad de nuestra deliberación pública.

Los delitos que la Fiscalía imputa a Arturo Escobar aún deben tipificarse y acreditarse debidamente. Está en manos del juez determinar si los elementos contenidos en la averiguación previa son suficientes para otorgar la orden de aprehensión. En su caso, deberá todavía desahogarse el juicio.

Por otra parte,  el Instituto Nacional Electoral, contrariamente a la actitud omisa que algunos le atribuyen, determinó el 20 de julio pasado que la distribución de tarjetas “Premia platino” constituía una infracción electoral y le impuso una sanción económica, confirmada posteriormente por la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la Sala Superior misma, que llegó casi a los 4 millones de pesos.

La pregunta es ¿estas infracciones administrativas tienen efectos en la esfera penal? No lo sabemos con certeza, pues los elementos de prueba recabados por la Fiscalía deben ser del conocimiento exclusivo de las partes, a fin de preservar el sigilo de la indagatoria ordenado por la ley. Así que, por ahora, los pronunciamientos sobre el tema no cuentan con más elementos que el sentido común o la escasa simpatía que les suscita el personaje. La expedición de anticipadas sentencias condenatorias, equivalen a linchamientos que atropellan toda noción del Derecho.

Otro tanto ocurre con el supuesto conflicto de interés del titular de la FEPADE. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no indica como impedimento para desempeño del cargo, ni siquiera la ocupación de puestos directivos en los partidos. Mucho menos algún tipo de relación profesional con ellos.

Pretender descalificar al Fiscal por haber brindado servicios profesionales de asesoría a un grupo parlamentario no hace favor alguno a la impartición de justicia. Nada tiene de extraño que un académico ejerza su labor intelectual con un partido, sin perder su independencia.

La situación del país requiere serenidad. El escándalo puede vender noticias o favorecer objetivos políticos inmediatos, pero no contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática ni la convivencia social. En su oportunidad, y con base en las constancias que obran en el expediente, voté a favor de cancelar el registro del PVEM por violaciones graves y sistemáticas a la ley, entre las que se incluye la distribución de tarjetas “Platino”. Acaté y acato la decisión del Consejo General que tuvo una opinión diferente, pero sigo pensando lo mismo.

Con esa misma convicción jurídica, insisto en el respeto a las reglas de debido proceso, en relación con ambos personajes públicos. Eso es lo responsable jurídica y políticamente.

El juez de la causa resolverá y espero que al hacerlo honre el precepto de José María Iglesias: “Por encima de la ley, nadie; al margen de la ley, nada”.

Consejero electoral del INE y profesor de la UAM-I

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