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Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de globalización que se acentuará más en los años venideros. En este contexto, para alcanzar un mayor bienestar para toda la población será necesario incrementar la productividad y lograr mayor competitividad internacional. Para ello, se requiere asegurar la calidad de la educación superior e incrementar la generación y la aplicación del conocimiento con un alto grado de innovación.
En estos días se está discutiendo en la H. Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 propuesto por el Ejecutivo federal. Más allá de los ajustes y modificaciones que resulten de las deliberaciones en ese recinto, considero que vale la pena reflexionar sobre la importancia de dotar de los recursos financieros necesarios a las instituciones públicas de educación superior.
En los últimos años, las autoridades federales y estatales han confirmado su compromiso con la educación superior al otorgar apoyos crecientes a las instituciones públicas, las cuales además, han demostrado su capacidad para generar recursos propios para aprovecharlos en el cabal cumplimiento de su relevante misión social, utilizando éstos de manera transparente y logrando resultados que contribuyen al desarrollo social.
México ha avanzado en la expansión de la cobertura de la educación superior. Sin embargo, aún persisten retos muy importantes. El hecho que sólo el 34.1 por ciento de los jóvenes se encuentre cursando estudios superiores nos coloca por debajo de lo logrado en países con un grado de desarrollo similar.
Queda claro que es largo el camino por recorrer en materia de ampliación y diversificación de la oferta educativa para incorporar a un número mayor de jóvenes a las aulas universitarias.
Mientras tanto, las instituciones públicas de educación superior enfrentan presiones financieras de gran magnitud que ponen en riesgo su capacidad de ofrecer los servicios de calidad que la sociedad demanda. Una muestra de ello es que el incremento observado en la matrícula que atienden no ha ido acompañado de un incremento proporcional en los recursos que reciben. Desde 2006, la matrícula de las universidades públicas estatales ha crecido en 53 por ciento mientras que el subsidio por alumno sólo lo ha hecho en 11.4 por ciento.
Aunque tenemos mucho por hacer y mejorar, el desarrollo logrado en el país no podría explicarse sin la contribución y participación de los egresados de las instituciones de educación superior, los cuales han contribuido de manera significativa a resolver problemas en diversos ámbitos del quehacer humano, se han involucrado también en la formación de nuevos cuadros profesionales, en la difusión y preservación de la cultura, en la construcción y consolidación de un verdadero Estado de derecho.
La educación superior ha sido considerada internacionalmente como un bien público, un factor estratégico para el desarrollo de las naciones; por ello, no obstante el entorno de alta incertidumbre y de disminución de los ingresos públicos que enfrenta el país, resulta imperativo que los tres órdenes de gobierno fortalezcan el apoyo financiero que proporcionan a las instituciones públicas de educación superior.
Se trata de una inversión estratégica que no sólo contribuirá a revertir las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad que enfrentan millones de mexicanos, sino que además nos permitirá construir la sociedad justa, próspera y equitativa que todos anhelamos.
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES
jaime.valls@anuies.mx
@jaimevalls
