No podía ser más resonante el apoyo de los votantes griegos a su gobierno, ni su rechazo y desdén por las presiones que ejercieron gobiernos, empresarios y banqueros europeos para que votaran a favor de un acuerdo para resolver su imposible situación financiera.
Las condiciones de Bruselas, y muy particularmente de Berlín, se han vuelto inaceptables, aberrantes para la mayoría de la población griega, agotada tras cinco años de políticas de austeridad que han afectado severamente su poder adquisitivo y su nivel de vida, pero que poco o nada han hecho para resolver el problema de fondo, o mejor dicho los problemas de fondo: la deuda impagable por un lado y la insolvencia de una economía que no crece y de un gobierno incapaz de generar ingresos suficientes para financiarse.
Son aún inciertas las repercusiones de esta votación para Grecia, para la Unión Europea y para el euro. Tanto el gobierno socialista de Alexis Tsipras como sus contrincantes dentro y fuera de Grecia han pintado escenarios radicalmente distintos.
Para Tsipras, el rechazo al acuerdo con los acreedores es solamente eso, una negativa a los términos que no sólo no afecta la permanencia de Grecia en la zona del euro, sino que deja abiertas las puertas a futuras, y próximas, negociaciones.
La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, los banqueros y demás acreedores ven las cosas muy diferentes, y advierten del riesgo de un colapso mayúsculo e irremediable de la economía y las finanzas griegas, con el consecuente riesgo de contagio para el resto del mundo.
Toca a los financieros, a los economistas y a la terca realidad determinar cuál será el verdadero desenlace de esta auténtica tragedia griega. Pero por lo pronto, algo queda claro, y es que al democratizar, por usar generosamente el término, el proceso de toma de decisiones trascendentales, el gobierno griego sienta un muy peligroso precedente, y corre el riesgo de ya no ser tomado en cuenta seriamente en el futuro como interlocutor.
Sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero a los gobiernos toca precisamente gobernar, tomar las decisiones difíciles e impopulares, asumir la responsabilidad de sus actos. Al delegar en un referéndum los asuntos de la política pública, trátese o no de asuntos financieros tan serios como este, o de cuestiones de fondo en materia social, se esconden tras una pantalla supuestamente democrática, pero profundamente miedosa, cobarde incluso.
Las grandes decisiones no suelen ser siempre las más populares. Si bien en el caso de Tsipras creo que se trata más de una táctica de negociación, muy arriesgada por cierto, hay quienes creen, o dicen creer, que los asuntos más importantes deben dejarse en manos de la voluntad popular. Es el caso, claramente, de quienes no se atreven a abordar, a opinar siquiera, de asuntos como los derechos de las minorías sexuales, de las parejas del mismo sexo, de tantos otros grupos marginados.
Si esas cosas se dejaran a la “voluntad popular” probablemente aún tendríamos a países con esclavitud legalizada, o negando el derecho al voto de las mujeres, por sólo citar dos ejemplos que, de haber sido sujetos a referéndum, no habrían cambiado en su momento.
Si los gobiernos abdican así de sus responsabilidades, tenemos mucho de qué preocuparnos. Que cumplan con las responsabilidades para las que fueron elegidos.
Analista político y comunicador.
@gabrielguerrac
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