Trimestralmente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) pone en evidencia cómo nos sentimos en relación con la problemática de violencia y delincuencia en nuestro país. Por ende, la preocupante realidad que nos muestra este instrumento estadístico es que los mexicanos cada vez vivimos con más miedo.

Este resultado lejos de sorprendernos refuerza la perspectiva que se tiene en torno a la crisis de seguridad humana que logra apreciarse en los medios de comunicación y en la información pública oficial sobre incidencia delictiva. Si analizamos las cifras de carpetas de investigación iniciadas por las instituciones de procuración de justicia, claramente podemos ver un serio problema en torno a delitos violentos en entidades como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Esto significa que más de la mitad del país está inmerso en condiciones inaceptables de incidencia delictiva y violencia, mientras que sólo se podría referir que en algunas entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Yucatán hay condiciones aceptables, pero no deseables en relación con lo que implica integralmente la seguridad humana.

En 2016, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cada día se cometieron aproximadamente 57 homicidios dolosos, tres secuestros, 14 extorsiones, 470 robos con violencia, 227 robos a casa habitación, 179 robos a transeúnte y 35 violaciones.

Recordemos que esta es la incidencia sólo de algunos de los tantos delitos violentos que se registran en México, sin considerar los no reconocidos o atendidos por las autoridades. Respecto a estos últimos, cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), se denuncia uno de cada 10 delitos y de ellos, se actúa sólo en seis casos.

Esto significa que por lo menos 94% de los delitos cometidos quedan en la sombra y que hay una eficacia muy pobre en aquellos por los cuales sí se ha iniciado una carpeta de investigación.

¿Cómo podemos confiar y sentirnos seguros en un entorno con alta incidencia delictiva y evidente incapacidad institucional?

¿Cómo podemos tener una perspectiva positiva sobre nuestra realidad cuando a la víctima que denuncia no es atendida correctamente, tratan de disuadirla de denunciar o la amedrentan?

Para mejorar la percepción de inseguridad necesitamos evidencia de efectividad institucional, de menores niveles de incidencia delictiva, que existe una mínima reparación del daño, sanciones acordes con el marco normativo, que hay una atención y tratamiento humano de las víctimas y que se vela por los derechos humanos de éstas como de los imputados.

Es cierto que no todas las autoridades ni los gobiernos son iguales, hay algunos funcionarios que dan la vida pese a las dificultades institucionales que enfrentan. Sin embargo, es incuestionable que nuestras autoridades no están actuando como debieran, especialmente cuando salen a descalificar el descontento ciudadano y a minimizar el problema. Es evidente que no se percatan que de este modo sólo abonan a que nos sintamos cada vez más indefensos.

Si queremos mejorar no sólo nuestra percepción, sino nuestra realidad nacional urge la aplicación de la ley, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos de cada uno de nosotros.

Urge que no cerremos los ojos a la crisis de seguridad, de la cual se desprende la percepción de miedo que nos embarga.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano, @frarivasCoL

***En la foto: En 2016, según los datos del gobierno federal, cada día se cometieron aproximadamente 57 homicidios dolosos. El 17 de enero pasado, en Chilpancingo, Guerrero, fuerzas de seguridad hallaron los cuerpos de seis personas. (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

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