Falta el juicio más importante

La investigación que fue considerada clave para restaurar en parte la confianza en la clase política ofreció ayer sus resultados. Después de seis meses se conoció la conclusión sobre un eventual conflicto de intereses en la compra de casas en el que habrían incurrido el presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los tres adquirieron, en diversos momentos, inmuebles a contratistas del gobierno.
El ejercicio, encabezado por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, exoneró a los involucrados. Peña y Videgaray, señala la conclusión, no eran funcionarios federales cuando adquirieron los inmuebles, y en el caso de Rivera no hubo una participación indebida de funcionarios, además de que ella no es funcionaria pública.

Desde que se anunció la indagatoria, expertos coincidían en que era una oportunidad para marcar precedente en una investigación a funcionarios públicos por conflicto de intereses.

Aunque era prácticamente imposible determinar una responsabilidad por una eventual violación de la ley —debido a que la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece de manera poco precisa que se presentará el conflicto “cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”—, diversas voces clamaban que al menos se destacara el hecho cuestionable de entablar negocios de compra-venta con grupos empresariales que tienen 33 contratos firmados con 15 dependencias del gobierno federal, por mil 386 millones de pesos.

Una semana después de haber asumido su cargo, en febrero pasado, Andrade dijo a EL UNIVERSAL que el conflicto de interés está reflejado de manera “muy básica en las leyes actuales, por lo que era necesario ampliar la reglamentación”.

La falta de elementos para indagar ese tipo de prácticas hace urgente la necesidad de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, plasmado ya en la Constitución, pero sin entrar en funciones de manera total por no existir una legislación secundaria. Los partidos han manifestado su compromiso de aprobar su reglamentación para que funcione de manera óptima, pero desde mayo, cuando se creó el Sistema, poco han avanzado.

La indagatoria, compuesta por 60 mil hojas en casi 20 expedientes, está desde ayer en la página de la Secretaría de la Función Pública a disposición de quien desee consultarla. El caso que atrajo la atención de la opinión pública está oficialmente cerrado, toca ahora ver si en la sociedad se sembró confianza.