/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/RLJMNMNPBZAZFLE2K77BHLWQSQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/BCULEUSB3ZD7PIULERHOQSLFQQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/AAS3Z7FUYNG43IIQ4K7PPMYARE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/C2MGW7G74VFMDGVNLF6SQSXKP4.jpg)
La situación política de Venezuela tiene divididos a los habitantes de ese país. El problema no es que existan discrepancias, sino que la libertad para exponer puntos de vista diferentes al oficialismo haya sido sepultada y en estos días adoptar una postura contraria al régimen represente un riesgo elevado de terminar en prisión.
La división entre simpatizantes y opositores al gobierno venezolano traspasa las fronteras. En la comunidad internacional hay países que apoyan a Caracas y otros que la condenan.
En México las simpatías también se encuentran polarizadas. Están los que reprueban las acciones del presidente Nicolás Maduro y los que salen en su defensa argumentando, entre otras razones, que se trata de ataques orquestados desde el exterior.
El gobierno mexicano ha tomado posición en la disputa venezolana. El domingo anunció que desconocía el proceso realizado ese día en la nación sudamericana para elegir a los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá como objetivo, según Maduro, redactar una nueva constitución y “poner fin” a la crisis del país. Críticos a la medida consideran que la finalidad es que exista una mayor concentración de poderes en la figura del presidente.
El rechazo de México no fue único. La Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú, entre otros, reprobaron también el ejercicio.
Ayer el Congreso mexicano emitió un pronunciamiento en el que considera que los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente representan un instrumento para desarticular el Estado venezolano y su democracia, y exhortó al gobierno mexicano a atender solicitudes de refugio de ciudadanos provenientes de ese país.
La decisión no fue unánime. Hubo oposición de algunas bancadas por considerar que se viola el principio constitucional de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Otras voces han criticado antes la postura del gobierno mexicano por considerar que señala la violación de derechos humanos en Venezuela, pero no atiende el tema internamente.
La coincidencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo no hace más que reprobar a un gobierno que utiliza la fuerza del Estado contra sus ciudadanos, en lugar de negociar.
Aunque la historia de México no ha estado exenta de represiones, a estos casos se les relaciona con épocas autoritarias a las que se daba por superadas y no es deseable volver.
