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Ser policía en México, desafortunadamente, no es motivo de orgullo. Se trata de hecho de una de las instituciones más desprestigiadas. Y lo es aún menos si hablamos de ser policía municipal, el primer eslabón —o último, pareciera— en la cadena del sistema de seguridad de nuestro país, el agente del Estado que, al menos en teoría, se ubica más cerca de la ciudadanía. Contrario a ello, la municipal es la policía a la que menos atención se le presta y la que registra los niveles de confianza más bajos (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana): en tres quintas partes del país los mexicanos perciben apenas con “algo de confianza” a su policías municipales.
Se trata, además, de la corporación policiaca más grande del país: dos de cada cinco efectivos, es decir 129 mil 656, pertenecen a algún municipio, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de lo anterior, su situación laboral es, por decir lo menos, complicada en comparación con las demás policías, quienes reciben mejores capacitaciones, promociones, seguridad social, garantías legales, instrumentos de trabajo y sueldos.
La suma de estos factores, entre los que sobresalen los bajos salarios, la falta de entrenamiento y el estancamiento laboral —ascender en este tipo de corporaciones es casi impensable— los ha colocado como la institución con más elementos reprobados en los controles de confianza: 12% de estos policías, es decir 15 mil 429, no son aptos para su puesto, de acuerdo con datos publicados en diciembre de 2016. Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Guerrero —varios de los estados que hoy enfrentan los más altos índices de inseguridad del país— son los que tienen las peores cifras, más de 40% de sus agentes municipales reprobaron los exámenes.
Para organizaciones dedicadas al tema de seguridad, estos controles de confianza que reprobaron más de 15 mil elementos de la fuerza municipal no son más que el reflejo de una mezcla de omisiones de las autoridades, y también de la sociedad, empezando por el hecho de que la valoración social, el salario y los apoyos que perciben no se comparan con las largas jornadas y demás exigencias de su día a día en un país como el nuestro, entre las que se incluye, nada menos, lidiar con el crimen organizado, pese a que estrictamente no es de su jurisdicción.
Pero, por si fuera poco, los policías municipales no sólo sufren la falta de apoyo de las autoridades, sino que además deben padecer —y a veces ser partícipes— múltiples actos de corrupción, como el desvío de recursos asignados a armas y salario o la compra de plazas y ascensos, algo en lo que participan desde presidentes municipales hasta gobernadores, y que en definitiva depauperiza aún más su labor. Y si a estas malas prácticas sumamos el miedo de perder el empleo, se forma un círculo de corrupción que parece inquebrantable.
Seamos francos, mientras el eslabón más débil del sistema de seguridad no goce de condiciones laborales y de vida realmente dignas, los esfuerzos por profesionalizarlas resultarán fútiles.
