A causa de que en mayo pasado en México rebasamos el mayor índice de homicidios registrado hasta entonces —el de mayo de 2011—, hemos observado en las últimas semanas que este repunte en los niveles de inseguridad y violencia ha sido adjudicado por diversos actores a las nuevas reglas del aún reciente sistema de justicia penal acusatorio.

Concretamente, se responsabiliza al hecho de que, en el nuevo sistema, delitos —como el de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros— que antaño eran considerados graves y por tanto ameritaban prisión preventiva, hoy son casos que pueden ser llevados en libertad por los acusados.

A reserva de lo preocupante que lo anterior pueda resultar para muchos, ciertamente estas nuevas normativas deben enmarcarse en la totalidad del nuevo sistema penal, que contempla muchas otras novedades a la hora de resolver juicios, en los que ahora prima el criterio de presunción de inocencia y, especialmente, de derechos humanos. Además, han de tenerse en cuenta otros factores, ajenos por completo al régimen de los juicios orales, que han incidido en el repunte de la violencia, por ejemplo la escalada en las pugnas entre cárteles del narcotráfico por ciertas partes del territorio nacional.

En todo caso, debe argumentarse que buena parte de las fallas en la aplicación del nuevo sistema, que pudieran derivar en la violencia presente en partes de nuestro país, se deben directa o indirectamente a la falta de preparación y cabal entendimiento del nuevo sistema que persiste en procuradurías y Ministerios Públicos, pese a la millonaria inversión gubernamental realizada en la capacitación de todos los actores involucrados en el sistema de justicia. Por tanto no debe culparse a la reforma penal de la actual crisis de seguridad que, en efecto, vuelve a vivir nuestro país.

A colación de ésto, ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, previó que cuatro mil personas puedan salir de la cárcel, luego de que la Suprema Corte de Justicia resolviera que reos podrán obtener la libertad provisional en delitos que antes eran considerados graves. Este hecho no debe ser visto como algo negativo en sí mismo, pensemos, entre otros, en la ‘despresurización’ del sistema penitenciario. En lo que debemos poner especial atención, porque ahí radica el verdadero reto de hacer funcional el sistema penal acusatorio, es en la labor de investigación y armado de los casos. Asimismo necesitamos construir y consolidar una mejor policía y, en paralelo, fomentar la cultura de la denuncia.

Establecer de nuevo más figuras que sean de prisión obligatoria oficiosa sólo nos haría regresar al pasado. Sería justificar las ineptitudes de las autoridades encargadas de investigador y perseguir los delitos. Con el nuevo sistema a lo que nos enfrentamos es al reto de cambiar la percepción en cuanto a qué es justicia, ya que de manera general se piensa que justicia es igual a prisión, e impunidad es igual a libertad, pero no es así.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses