Una parte fundamental del paisaje en las zonas más populares de la Ciudad de México es el comercio informal. No solo se trata de un rasgo que ayuda a entender a la capital del país y a sus dinámicas de consumo, sino también es una rama de la economía local que contribuye enormemente al flujo de dinero, que sostiene a miles de familias, pero que se desarrolla al margen de la legalidad.

No cabe duda de la importancia que tiene el comercio informal para la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de EL UNIVERSAL que se publica hoy, la tasa de informalidad en la capital es de cerca de la mitad de las personas ocupadas, lo que equivale a casi dos millones de trabajadores. Además, el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local es generado por esta actividad.

Pero así como desde los números la informalidad acarrea importantes beneficios para la economía de la capital, las mayorías compiten en desventaja frente al fenómeno. En principio, los informales no están sujetos a las condiciones que sí respetan quienes hacen negocios dentro de los cauces legales. El comercio informal no contribuye al erario, no tiene vínculos con las autoridades tributarias y no paga los impuestos que le corresponden.

Ya sea por incapacidad u omisión, el ambulantaje rebasa desde siempre las capacidades del gobierno local. A pesar de los esfuerzos de las distintas administraciones de contener el fenómeno y reubicar a estos comerciantes, la realidad ha terminado por imponerse. Lo cierto es que las políticas que repetidamente se han implementado han sido más bien coercitivas y no se han orientado a conseguir la formalización de quienes se ocupan en esta actividad.

Una razón que puede dar luces sobre la falta de contundencia gubernamental ante la informalidad es el uso clientelar de los gremios que congregan a los comerciantes. Ante la falta de derechos laborales, los funcionarios públicos del gobierno capitalino o de las delegaciones pueden aprovechar la vulnerabilidad de los informales para pedirles dinero o favores políticos a cambio de permitirles trabajar.

La precariedad de las condiciones laborales, la dificultad de encontrar trabajos bien pagados y la inacción gubernamental explican en cierto modo el surgimiento de la informalidad. No obstante, a pesar de los importantes beneficios económicos que genera, la Ciudad de México está dejando de ingresar recursos que podrían emplearse para beneficio de las mayorías, mientras que, en paralelo, una gran parte de la fuerza laboral está desprotegida frente a las vicisitudes del comercio informal.

Con la informalidad, la economía de la Ciudad de México pierde, aun quienes se dedican a ello. Las autoridades locales tienen una gran labor pendiente en la materia: ir más allá de la coerción para encontrar vías que permitan legalizar sus comerciantes. Sería la piedra angular de un nuevo ciclo económico para la capital.

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