En una competencia democrática hay —afortunadamente— muchos participantes, aunque sólo uno se alzará al final con la victoria.
Este domingo hubo elecciones en cuatro entidades, en tres se votó para elegir gobernador. La ciudadanía asistió a ejercer su derecho en una jornada que transcurrió sin incidentes graves. Quienes parecen no entender las reglas de la democracia son los contendientes. Ayer, a unos minutos del cierre de casillas, hubo una serie de declaraciones de triunfo por parte de varios candidatos. ¿No podían esperar a conocer resultados preliminares o conteos rápidos para emitir una postura?
El triunfalismo precipitado sólo crea un ambiente de confusión y poco contribuye a construir una cultura de aceptación de la derrota, que debe ser clave para consolidar la normalidad democrática en el país.
Ante competencias cerradas, salir a adjudicarse un triunfo únicamente se entiende por fines propagandísticos, pero puede ocasionar un grave daño en la autoridad electoral pues, si los votos no son favorables para quien salió a proclamarse ganador, surgen entre el electorado sospechas de que la autoridad se desempeñó de manera parcial e influyó de alguna manera en el resultado, situación poco probable en un proceso en el cual los votos son contados por ciudadanos elegidos al azar y son vecinos de los votantes quienes se encargan del proceso.
Que los candidatos acepten las derrotas y esperen a conocer los resultados oficiales es una demanda de la ciudadanía. Si consideran que hubo una contienda inequitativa, con irregularidades, para ello están las vías institucionales; además de las muchas formas con que se cuenta hoy en día para difundir sus puntos de vista o denuncias de sus inconformidades. En esta parte toca a tribunales electorales dar muestras de una actuación imparcial que sirva para generar confianza en la opinión pública. En la corta historia de las elecciones en México organizadas por ciudadanos, se han dado multas millonarias a partidos e incluso anulación de procesos electorales. Decisiones que pueden parecer drásticas, pero previstas todas en la ley.
La ciudadanía cumple con el cometido de ir a elegir gobernantes, los que quedan a deber son los candidatos. Falta en ellos el valor cívico de reconocer que los resultados o las tendencias les son adversas y pronunciarse luego de anuncios oficiales. Los ciudadanos siguen esperando a contar con políticos mexicanos que actúen con responsabilidad.
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