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La procuración e impartición de justicia son una tarea inacabada para la democracia mexicana. Estos principios, que debieran ejecutarse de forma expedita y con estricto apego a los protocolos establecidos, requieren todavía de grandes esfuerzos institucionales para ganar la confianza ciudadana y ser verdaderamente útiles en este proceso de cambio que experimenta el sistema de justicia en nuestro país.
Es lógico que al interior del complejo sistema de justicia se encuentren resistencias hacia los cambios sustantivos que estipula el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Una de las principales trabas se encuentra en las rutinas nocivas que sobreviven en los pasillos de las instituciones en la materia y que obstaculizan el éxito del nuevo sistema. Otra más, la falta de celeridad en la gestión de las investigaciones.
Al respecto, como lo da a conocer EL UNIVERSAL, menos de la mitad de las carpetas de investigación iniciadas en la Procuraduría General de la República (PGR) han sido determinadas por el ministerio público federal, lo que indica un rezago significativo en materia de procuración e impartición de justicia. Ello, a pesar de la implementación del SJPA, desde hace un año.
El atraso en el procesamiento de las investigaciones es parte de la inercia que carga el sistema de justicia mexicano, que se ha caracterizado por su ineficiencia en el trámite de los casos que llegan a los Ministerios Públicos, ya sea por falta del personal adecuado o por omisión. Por otra parte, la puesta en marcha del SJPA no ha alcanzado a solventar los viejos vicios que acarrea la pesada y opaca estructura de justicia del país.
La falta de una sólida cultura de la legalidad, en la que la ciudadanía ejerce un papel fundamental para la adecuada marcha de los asuntos relacionados con la justicia, explica también en cierto modo la inexistencia de una estructura jurídica que garantice el cumplimiento de la ley en toda su dimensión. En el fondo, existe una profunda desconfianza colectiva hacia un entramado judicial que se extravía en la burocracia y pierde de vista la impartición de justicia orientada al bienestar de las mayorías.
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