Cárceles: un espejo nacional

Más Información

Mucho se ha escrito y hablado de la desigualdad que impera en México, tema en el que sobresalen las diferencias sociales, económicas y de desarrollo entre las distintas regiones. A lo anterior, ahora puede sumarse la división que existe en el manejo que los estados hacen de las cárceles.

El diagnóstico más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación en las distintas prisiones refuerza la existencia de un país que avanza a dos ritmos, pues mientras el Centro Penitenciario femenil de Saltillo y el Cereso de San Miguel Allende obtuvieron calificaciones de 8.57 y 8.53, respectivamente, el Cereso de Chilpancingo apenas alcanzó 3.91 puntos en su evaluación, en una escala del 0 al 10.

Sólo un estado recibió calificación arriba de 8 y apenas siete entidades lograron más de 7; por el contrario, 11 estados tuvieron calificación reprobatoria.

Aunque las cárceles de Nuevo León y Tamaulipas, principalmente, han sido escenarios de hechos de violencia, en más de la mitad de los centros penitenciarios verificados (131 de 298 existentes en el país) se observaron áreas de privilegios y la presencia de objetos y sustancias prohibidas.

Mientras no haya una transformación a fondo en quienes dirigen los penales, no se puede pedir que cambie la situación de ingobernabilidad que viven muchos de ellos. El objetivo de reinserción social que persiguen seguirá siendo un engaño, confirmado por la realidad.

Algunas de las causas del dispar desempeño de uno u otro centro de readaptación social se pueden encontrar en el siguiente dato: hay estados que no ejercieron el total de sus recursos asignados a atención carcelaria, pese a tener problemáticas en sus Ceresos. Nuevo León disponía de 64 millones de pesos y dejó sin ejercer 50.6 millones; Tamaulipas, con 13.1 millones de pesos, no ejerció 5.1 millones, según datos oficiales.

Esa puede ser una de las razones que explican muchos de los problemas en el país. Los recursos etiquetados para programas específicos no se ejercen en el rubro asignado sino en otros donde a menudo hay un interés político o, en el peor de los casos, son desviados a bolsillos de funcionarios.