Cuando una situación se sale de control, generalmente se da por la omisión de diversos actores. En el problema del saqueo de combustible, cometido por bandas criminales conocidas como huachicoleros, son varias las instancias que en gran o menor medida fueron omisas y alentaron su crecimiento. Desde autoridades locales (municipales y estatales) por no identificar a tiempo las causas sociales que empujan a comunidades enteras a participar en el ilícito, hasta las autoridades federales que simplemente han reportado año con año cómo son mayores las cifras de tomas clandestinas encontradas, además de Petróleos Mexicanos e incluso el Congreso de la Unión.
Desde hace cinco años hay iniciativas en manos de los legisladores que buscaban contener el fenómeno elevando las sanciones contra quienes cometan ese delito. En comisiones del Senado permanece una iniciativa de 2012, para sancionar el robo de combustibles y una minuta que enviaron los diputados, desde 2014, que plantea definir como delito grave la sustracción de hidrocarburos.
En el recién concluido periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se presentaron cuatro iniciativas para elevar las penas contra ese tipo de delitos, el último día de sesiones se aprobaron luego de que fueron concentradas en un dictamen; el paquete, sin embargo, no pudo ser avalado pues el Senado había cerrado sus trabajos un día antes, el 27 de abril. Hasta el momento aún no hay consenso entre las bancadas para convocar a un periodo extraordinario en el que eventualmente se discuta esa iniciativa.
Todo parece indicar que el tiempo legislativo es muy diferente al tiempo de las necesidades actuales del país.
En una sociedad en la cual la impunidad todavía es un concepto común, no sabremos si haber aumentado las penas hubiera incidido en una disminución del ilícito; el Congreso simplemente debió haber hecho su parte en el combate al fenómeno.
En torno al tema hay un dato más que hoy presenta EL UNIVERSAL y que involucra a otros actores. En 2014 los organismos de seguridad nacional recuperaron 11 millones 862 mil litros de gasolinas, pero dos años después esa cifra apenas fue de 227 mil 246 litros, a pesar de que las tomas clandestinas llegaron a la cifra histórica de 6 mil 873. ¿Otra omisión?
En suma, que nadie se diga sorprendido por un problema que tiene al menos 10 años en las páginas de la prensa nacional, que cuesta miles de millones de pesos a las arcas públicas —entre 15 mil y 20 mil millones, según el secretario de Hacienda— y que creció ante nuestros ojos. La responsabilidad es compartida y cada actor debe asumir la suya y corregirla de inmediato.
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