El primer periodo de sesiones de este año de la actual Legislatura culminó con temas cruciales todavía por resolver. Diputados y senadores tomarán un nuevo descanso de tres meses, como es habitual, mientras que en la agenda nacional permanecen asuntos de diversa índole que requieren atención urgente.

La seguridad pública ha sido relegada para un mejor momento. Precisamente en un año de elecciones importantes, cuando se tienden a modificar más intensamente los indicadores criminales, tres propuestas de ley en la materia quedaron a la deriva. La primera de ellas, la Ley de Seguridad Interior, demandada por las Fuerzas Armadas desde diciembre pasado, no alcanzó el consenso debido para ser aprobada.

Una suerte similar ha padecido la propuesta del Mando Mixto Policial, que busca fortalecer la labor de las autoridades locales y su coordinación con los cuerpos de seguridad estatales. Un tercer caso: la Ley para combatir la Trata de Personas, en relación con uno de los delitos más graves en nuestro país, en el que el papel del crimen organizado es crucial. ¿Cuál es el mensaje? Que en tiempos electorales el flagelo de la seguridad pública, que sufren millones de mexicanos de forma cotidiana, no es prioridad.

La lista, sin embargo, es más amplia. Permanece pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, algo que debió suceder hace semanas, con lo que los legisladores evidencian, por lo menos, un serio desdén al combate a la corrupción en México. En el mismo camino se encuentran las reformas para evitar que el procurador general de la República se convierta en automático en el fiscal general, algo que impulsan diversos sectores.

También se espera otra ocasión para discutir y aprobar las leyes que tienen que ver con el acceso al poder y las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Estaba previsto tratar en este periodo de sesiones propuestas sobre la reducción del Congreso de la Unión, disminuciones al financiamiento de los partidos, así como lineamientos para establecer la segunda vuelta electoral y reelección en diferentes cargos de elección popular. Nada de ello sucedió.

¿Cuáles son las prioridades de la actual Legislatura? Está claro que los temas por resolver son por demás complejos, no obstante por ello mismo requieren la atención y recursos debidos hasta que queden zanjados. Diputados y senadores deben demostrar capacidades y pericia para dar cauce a los grandes problemas de la agenda nacional, puesto que tan solo el Poder Legislativo ha costado más de 14 mil millones de pesos al Estado en lo que va de este 2017.

La figura del legislador es una de las más despreciadas por la sociedad mexicana, hecho que puede explicarse a partir de la evidente distancia entre los intereses de unos y otros. Mientras los problemas siguen ahí, los legisladores se van de vacaciones. Al cabo, por lo visto, las necesidades de las mayorías pueden esperar.

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