Derroche sin consecuencias

Las nóminas de las direcciones estatales y nacionales de los nueve partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, Panal, PES, PT y Movimiento Ciudadano) suman 111 millones 576 mil 850 pesos. La reacción inmediata de la ciudadanía al conocer estos montos es, obviamente, de indignación. Pero más allá del monto, preocupan los escasos mecanismos de transparencia con los que se obliga a las agrupaciones políticas a dar cuentas del dinero recibido.

Menos que el sueldo de los dirigentes de los partidos —100 millones de pesos— es lo que la Secretaría de Hacienda propuso recortar al programa de becas de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el próximo año. ¿Cómo decirle a los mexicanos que es más importante pagarle a las dirigencias de los partidos políticos que a los estudiantes de posgrado en ciencia y tecnología?

Es difícil que las personas ajenas a la política lo vean así, pero se podría argumentar que, pese a la impopularidad de los partidos, éstos son necesarios en cualquier sistema democrático. No hay ejemplo en el mundo de una organización política de masas en donde la estructura se mantenga firme sin pagar salarios a una burocracia.

Lo que sí es imposible defender es el uso arbitrario del dinero público asignado a los partidos políticos. ¿Debería permitírsele a Encuentro Social, por ejemplo, pagar 20 mil pesos al mes a 14 delegados cuya única función es asistir a juntas esporádicas? ¿Puede creerse que el dirigente del PT, Alberto Anaya, no recibe un peso de salario y aun así su único incentivo para hacer política es la búsqueda del bien común?

Desde que México se abrió a la democracia, la gran lucha contra la voracidad de los políticos ha sido la transparencia. Apenas en 2004 se obligó al entonces IFE a dar a conocer los salarios de los dirigentes partidistas y tuvieron que pasar otros cuatro años, ya en 2008, para que una reforma a la ley forzara a los partidos a entregar esos datos al instituto electoral. En 2011 declararon “inexistente” el rubro de facturas por concepto de pago de comidas y viajes. Y la lucha sigue. En la última solicitud de información realizada por este diario, no todos los partidos entregaron toda la información.

El nuevo problema es la simulación. La declaración de bienes, fiscal y de intereses —conocida como 3de3— es usada por algunos para dar la apariencia de pulcritud cuando, en el fondo, lo único que hacen es reportar parte de sus ingresos.

Al final lo que meterá en cintura a los partidos no será la transparencia solamente, sino las acciones que los votantes y los gobernados decidan hacer a partir de la credibilidad que le otorguen a esa información. Ese es el paso pendiente.