Transparencia a medias

¿Tiene alguna finalidad presentar la declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de intereses) si no concuerda con el estilo de vida del funcionario en cuestión?

En la plataforma en internet que mantienen diversas organizaciones, encabezadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana, hay funcionarios que ya presentaron su 3de3, pero aún siguen siendo pocos: la mitad de los gobernadores, casi la cuarta parte de los senadores y diputados, y apenas un integrante del gabinete federal.

En todos los casos se detallan los ingresos que reciben anualmente por el cargo que desempeñan (dato que, por cierto, es público); sin embargo, hay quienes registran en la opción “ingresos adicionales” (de la cual no dan mayor explicación) recursos que llegan a duplicar los que reciben por concepto de salarios. Además, dan cuenta de innumerables propiedades, muchas de las cuales, nos dicen, son donaciones. ¿Cuántos resistirán una comparación de los ingresos que han recibido en años de trabajo con los recursos que poseen?

EL UNIVERSAL presentó ayer información que refiere que la familia del presidente del PAN, Ricardo Anaya, vive en Atlanta, en una residencia que tiene acceso a un lago y por la que paga unos 80 mil pesos de renta al mes, sus hijos asisten a una exclusiva escuela de la zona y generalmente viaja cada semana a la ciudad estadounidense para visitarlos. El cálculo que hizo este diario para mantener el estilo de vida descrito es de 4.5 millones de pesos al año, sin incluir el costo de los viajes a Estados Unidos. En su declaración 3de3, Anaya reporta ingresos familiares anuales por 2.6 millones de pesos.

El dirigente explica que también recibe por concepto de rentas de locales ingresos seis veces superiores al de su puesto de dirigente partidista, que es de 48 mil pesos mensuales. Hará falta mayor detalle para convencer a la opinión pública.

La 3de3 puede ser una buena práctica, pero hacia adelante, para iniciar desde ahora un seguimiento de aquellos que reciben recursos públicos, sean funcionarios federales, legisladores, integrantes de partidos del Poder Judicial. Indagar de qué manera obtuvieron el patrimonio que reportan, será complicado.

La transparencia no parece acabar de gustarle a buena parte de la clase política. En la Ciudad de México, los integrantes del Poder Judicial local se ampararon para no presentarla, y ahora será el pleno de la Corte el que determine si los argumentos de los jueces son tan válidos como para darles la razón.

Con funcionarios menos transparentes que otros, poco cambiará en este país que reclama una nueva actitud de quienes hacen uso de los recursos de la nación. Se requiere transparencia completa, no a medias.