Hace 16 años, cuando por primera vez la oposición ganó la Presidencia de la República, el gobierno foxista de entonces prometía capturar peces gordos, aquellos funcionarios públicos que habían hecho uso de los recursos públicos para beneficio personal. Al final se actuó contra funcionarios menores que eran sancionados por la Contraloría e inhabilitados por ocupar cargos públicos por cierto periodo.
El año pasado y este 2016 hemos escuchado a candidatos a gobernadores que ofrecen encerrar en prisión a los mandatarios que sucederán, debido al cúmulo de irregularidades difundidas sobre éstos. Hasta ahora no se ha procedido penalmente contra las anteriores administraciones de Nuevo León, Chihuahua y Quintana Roo.
Actualmente hay orden de aprehensión contra Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, y otra —que data de 2012— contra Tomás Yarrington, que gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004. Por cada uno la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 15 millones de pesos para dar con su paradero.
¿Por qué en el caso de Yarrington tuvieron que pasar ocho años desde que dejó su cargo hasta que se libró orden de aprehensión en su contra?
¿Por qué al veracruzano no se le encontró ninguna anomalía en investigaciones previas? Los primeros señalamientos en su contra se dieron hace cuatro años: el emblemático caso en el que dos funcionarios de su administración fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo. En ese entonces se investigó y el informe final no encontró nada irregular. Pero hace unas semanas, a los pocos días de haber solicitado licencia a su cargo se obtuvo la orden de aprehensión contra Duarte. Tras separarse de la gubernatura no se le asignó custodia ni vigilancia y ahora se encuentra prófugo.
A la fecha sólo se pueden mencionar dos casos de ex gobernadores presos y bajo proceso: Andrés Granier Melo, de Tabasco, y Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo. A ellos se sumó hace unos días Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, quien fue detenido, luego de que decidió entregarse.
La Auditoría Superior de la Federación cada año presenta acusaciones por presuntos desvíos de autoridades estatales, pero los casos no prosperan. ¿Errores de la Auditoría o nula investigación de la autoridad? Los tres casos de gobernadores presos no bastan. Hay acusaciones serias contra varios más. No se trata de llenar las cárceles con ex gobernadores, sino de que den la cara y enfrenten las acusaciones. Sin embargo la solución definitiva a los malos gobiernos estatales se dará cuando aparezcan nuevas estructuras de contención... el país sigue a la espera del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
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