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En este país siempre ha prevalecido la idea (nada alejada de la realidad) de que la justicia no es expedita. Con el fin de modificar esa situación, el pasado 18 de junio entró en vigor el nuevo sistema de justicia, que busca agilizar los procesos. Sin embargo, hay un área que no va a la par de esa transformación: la justicia laboral. Aquí los juicios que deben concluir en un año, en realidad toman tres, las cargas de trabajo se han incrementado, sin que haya presupuesto para contratar a más personas.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias encargadas de ejercer la justicia laboral, no dependen del Poder Judicial; datan de la época posrevolucionaria y están integradas por un representante de los patrones, uno de los trabajadores y uno del gobierno.
La justicia laboral, de acuerdo con información que da a conocer hoy EL UNIVERSAL, se encuentra en ruinas. Ante el aumento de demandas y de recortes presupuestales, desde hace casi un año son cotidianos los avisos de falta de papelería y de no realización de diligencias por la escasez de recursos; también son comunes los autos sin gasolina o el nulo pago de viáticos a actuarios.
La situación no es nueva, probablemente se agravó en los últimos tiempos, pero desde la década de los 70 los constitucionalistas Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo habían planteado la necesidad de transformar a las juntas.
Ante el panorama, el jefe del Ejecutivo propuso a finales de abril una iniciativa de reforma laboral que plantea trasladar las juntas de conciliación y arbitraje al ámbito del Poder Judicial para ejercer una mejor justicia en la materia.
Corresponde al Senado el análisis del proyecto, pero es oportuno recordar que el solo hecho de modificar leyes con el fin de actualizarlas no representa de manera automática que la vida para el ciudadano común tendrá una mejoría inmediata. Lo más importante de una ley es que se cumpla; si no se pone en práctica, de nada sirve.
Los cambios que se alcancen en justicia laboral deben servir para terminar con vicios y malas prácticas, además de fomentar la transparencia, imparcialidad y objetividad, condiciones necesarias para cerrar el paso a la corrupción que domina en las juntas, donde son frecuentes las componendas para beneficiar a una de las partes en conflicto.
Una buena reforma incidirá de manera directa en la economía, pues una relación cordial entre empresario y trabajador o una rápida solución a cualquier diferencia tiene una influencia decisiva en la productividad. Bien lograda, la iniciativa puede convertirse en una carambola de dos bandas.
