¿Quién vigila a los estados?

Con la terminación de la hegemonía priísta, a principios de este siglo, los gobiernos de los estados ejercieron —ahora sí— la libertad y soberanía que les confiere la Constitución y dejaron atrás el sistema centralista que había dominado durante décadas. Tanta libertad derivó en algunos casos en libertinaje: las deudas crecieron, los organismos de derechos humanos llegaron a ser meras dependencias gubernamentales, así como los institutos de acceso a la información. Algunos analistas incluso señalaban que las entidades se habían convertido en auténticos virreynatos.

A fuerza de presión social la situación fue cambiando en la mayoría de las entidades: algunas enderezaron el camino y otras todavía se encuentran en ello.

Pero a pesar de la batalla que dan grupos sociales, aún se siguen presentando irregularidades: la Suprema Corte de Justicia determinó hace apenas unos días que los decretos en materia de combate a la corrupción, emitidos por los congresos de Veracruz y Chihuahua —empujados por los respectivos Ejecutivos locales— van en contra de lo que establece el marco constitucional. Dichos decretos —entre otras anomalías— daban lugar a leyes a modo que permitían a los mandatarios designar funcionarios que encubrirían eventuales malos manejos en la administración gubernamental.

Hoy EL UNIVERSAL da a conocer que la recién concluida gestión del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, entregó de manera discrecional millonarios contratos a empresas de diversos sectores; las compañías que ganaban las licitaciones competían sin rivales o bajo adjudicaciones directas, y después los ganadores pagaban un moche a familiares del gobernador. En su defensa, el ex mandatario asegura que se trata de desprestigiar al gobierno que encabezó. A la autoridad le toca determinar si hubo una irregularidad.

¿Quién debe supervisar a los gobiernos estatales? Usualmente los malos manejos de gobernadores han salido a la luz cuando su sucesor proviene de un partido distinto. En Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, investiga a Rodrigo Medina. En Sonora, Claudia Pavlovich indaga a Guillermo Padrés… ¿Qué ocurre cuando un mandatario local es sustituido por un gobernador del mismo partido? ¿En ese caso no hay ninguna irregularidad que amerite ser investigada? ¿O hay solapamiento de ellas?

Autoridades federales, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, han señalado irregularidades en distintas administraciones estatales, pero poco es el trabajo de investigación y sanción contra los responsables. Un mayor control sobre los feudos estatales no vendría mal.