Desde hace unos años a la fecha el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos es un problema que en lugar de desaparecer se fortalece. Mucho se ha documentado sobre ello y muchas han sido las acciones para desmantelar tomas clandestinas, pero la situación no cede.

El reporte más reciente de Pemex refiere un aumento en la venta ilegal de hidrocarburo robado, actividad que genera ganancias ilícitas por 80 millones de pesos al año, según estimaciones a partir del producto que ha podido ser recuperado.

Debido a la persistencia del problema es muy probable que desde el interior de la paraestatal exista colusión con el crimen organizado para aportarle datos sobre ductos e identificar cuáles son los que transportan gasolinas y no gas. En 2014 fueron puestos a disposición de las autoridades 33 trabajadores de la empresa por estar involucrados en robos de combustible. Otra parte del hurto se da al robar las unidades de distribución en el trayecto de las terminales de almacenamiento y reparto a las gasolineras.

En los primeros siete meses del año Guanajuato fue la entidad con mayor número de denuncias por robo de hidrocarburo (520) mediante toma clandestina, seguido de Puebla con 298 y Tamaulipas con 271. De 2011 a junio de 2016, Petróleos Mexicanos presentó 16 mil 134 denuncias.

De acuerdo con el reporte que presenta hoy EL UNIVERSAL, poco se ha podido avanzar para erradicar el delito, a pesar de que en 2013 la empresa dio a conocer que invirtió 384 millones de pesos en vigilancia y patrullaje de sus instalaciones y ductos, pero lo erogado no va en línea con los resultados. Es cierto que Pemex no debe destinar grandes recursos a seguridad, pues para eso están las distintas corporaciones policiacas, municipal, estatal y federal; a estas son a las que habría que pedir cuentas en primera instancia, pero la petrolera debe depurar su personal para blindar cualquier fuga de información interna que termine en manos del crimen organizado.

A todo lo anterior se suma también el bajo índice de sentenciados por el delito de robo de combustible. En los últimos cinco años y medio sólo fueron sentenciadas 644 personas, lo que significa que únicamente termina en prisión cuatro de cada 100 que fueron denunciadas en el periodo.

No hay que olvidar, sin embargo, que la cadena delictiva es larga, y de un lado está el que hurta y en el otro el que compra. El sector transportista es uno de los principales consumidores del combustible ilícito, pero nada se ha sabido de sancionar a empresas que prefieren recurrir al mercado negro que al formal. El combate a este ilícito debe ser conjunto, si no, en un año se estará hablando de un nuevo aumento.

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