Los excesos del INE

¿En qué ocupación además del sueldo otorgan casi 12 mil pesos mensuales para alimentos, automóvil, hasta dos choferes y 500 mil pesos al mes para contratar asesores? La respuesta lógica sería que en ninguna ocupación, pero en el Instituto Nacional Electoral eso ocurre entre los mandos altos, aunque los mandos medios y el resto de los 16 mil trabajadores no se quedan atrás en materia de privilegios.

En un amplio trabajo que presenta hoy EL UNIVERSAL se da cuenta de que en el INE el dispendio es una práctica común. Los sueldos que reciben quienes ahí laboran —pagados por los impuestos de toda la población— sobrepasan en demasía a los que tienen millones de personas en el país.

Además de los beneficios enumerados al principio, los 11 consejeros gozan también de pago de servicio de telefonía, una prima vacacional, prima quinquenal, gastos funerarios, seguro de vida por 40 meses de salario, de gastos médicos mayores y un fondo de separación individualizada (que se genera con un descuento de 10% al salario, más otra parte similar que aporta el INE).

El resto de los trabajadores también pueden presumir prerrogativas, pues cuentan con 24 incentivos económicos de diversos tipos que van desde 66 mil pesos para completar su titulación universitaria hasta un monto variable para hacer fiestas de fin de año.

Seguramente, visto desde dentro del INE, todo lo anterior es poco, pues en mayo de este año se aprobó una compensación adicional por la “carga de trabajo” que representó la organización de los comicios de junio pasado y que fue equivalente a un mes de salario.

Se conocen las tareas adicionales que le fueron asignadas al INE, luego de la última reforma electoral; se sabe del enorme reto que significará la organización de las elecciones de 2018, que arrancarán en octubre del año próximo y en las cuales, además de elegirse presidente y renovarse el congreso, habrá comicios en varias entidades.

Nada de eso está a discusión. Lo que se pone en tela de juicio son los privilegios que se asignan para los trabajadores y los más de mil millones de pesos que se han anunciado para la construcción de una nueva sede, así como adoptar un contrato de arrendamiento de autos, que es más caro que si se hubieran comprado. Todo lo anterior deviene literalmente en una clase privilegiada nada acorde con la situación de una inmensa mayoría de mexicanos.

El instituto audita a los partidos políticos y cuestiona el mal uso que se hace del dinero público. Es tiempo de empiece a mirar hacia el interior.